Cuando el pasado mes de marzo una sentencia del Tribunal Supremo estimó “legal” la entrega de medicamentos a pacientes ambulatorios en centros de salud y residencias públicas de Comunidad Valenciana —a través de sus programas Sufar y Supro—, una amenaza rondó sobre el sector de oficinas de farmacia: ¿estaba el Alto Tribunal abriendo una puerta a las Administraciones para implantar la dispensación directa obviando a las farmacias?
Poco tiempo ha tenido que transcurrir para comprobar que esa ‘puerta abierta’ puede ser interpretada por las comunidades autónomas como una ‘invitación’ a pasar. Sea una consecuencia directa o no, ya hay quien lo ha hecho. Concretamente Galicia, donde el Servicio Gallego de Salud (Sergas) ha puesto en marcha un proyecto —iniciado en la provincia de Orense pero con visos de extenderse a toda la región— por el cual ciertos medicamentos para tratar el cáncer de próstata ya no se dispensan en las farmacias y sí en los centros de atención primaria. Una iniciativa que, en la carta informativa remitida por el Sergas al Colegio de Farmacéuticos de Orense, se justifica en la mejor accesibilidad y seguimiento de estos tratamientos.
Precisamente, estas mismas cuestiones son las que desde el COF de Orense consideran que ahora quedan en riesgo al sacar dichos medicamentos del canal farmacia. Su presidente, Vicente Jairo Álvarez, enfatiza a EG que dicha medida “supone una discriminación para los habitantes orensanos y, cuando se amplíe al resto de Galicia, al conjunto de pacientes gallegos, porque pone en peligro la atención farmacéutica”. Respecto al acceso a estos fármacos, Álvarez estima que “no es posible garantizar una mayor accesibilidad fuera de las farmacias, tanto en ubicación como en horario de aperturas”.
En este sentido, según ha sabido EG, el Sergas estaría elaborando un informe científico con el que respaldar, al menos sanitariamente, su decisión. No obstante, habría otro escollo más difícil de salvar mediante cualquier estudio científico. En concreto, el legal: los anticancérigenos (inyectables) incluidos en esta dispensación directa desde atención primaria no forman parte del listado nacional de medicamentos de Diagnóstico Hospitalario (DH) elaborado por el Ministerio de Sanidad —el único organismo competente para cambiar el canal de dispensación de un medicamento— y, por tanto, solo podrían ser retirados en boticas.
Efectos sanitarios... Y económicos
Para el presidente del COF de Orense, el Sergas no está haciendo sino “fomentar la distribución y dispensación de medicamentos por canales ajenos a la red de oficinas de farmacia”. En este sentido, a la merma sanitaria se añadirían, según critica la profesión, los perjuicios económicos para sus boticas.
“Es un palo más que nos dan a la farmacia orensana y en especial a las rurales”, critica Álvarez. Además, el presidente orensano recuerda que tras la entrada en vigor de la nueva Guía de Buenas Prácticas para la Distribución de Medicamentos, se han “endurecido” los requisitos para la devolución de fármacos de la botica al almacén, lo cual, teniendo en cuenta el alto coste de este tipo de productos que ahora no tendrían salida en los stocks de las farmacias gallegas, “puede suponer graves pérdidas económicas”, expone.
