La reforma legal que eliminará el límite del 10 por ciento de descuentos que los laboratorios y distribuidoras pueden ofrecer a las farmacias entrará en vigor con los Presupuestos del Estado para 2016. Pero lo que estaba destinado a ser una medida unánimamente aplaudida por quienes durante años han calificado de absurda esta medida ha terminado por derivar en una ‘alegría moderada’ unánime. La culpa reside en la ‘coletilla’ que el proponente (el grupo parlamentario popular en el Senado) ha añadido al texto, y que obligará al sector a poner en marcha, en un año desde el 1 de enero, un sistema de información que permita el registro mensual interconectado de los descuentos.
A expensas de que la enmienda pueda verse modificada hasta la aprobación final de los Presupuestos (el proyecto finalizará su trámite en el Senado en el próximo Pleno y los cambios tendrán que ser ratificados o rechazados por el Congreso), las preguntas se agolpan: ¿Cómo y quién desarrollará este mecanismo? ¿De quién será su titularidad? ¿Qué datos serán sometidos a registro? Y la cuestión que a su vez más interrogantes plantea: ¿Con qué objeto?
¿Devoluciones a corto plazo?
Acabar con el límite de los descuentos es una demanda que la farmacia y sus patronales han reiterado desde su implantación. Consultadas al respecto, todas coinciden en su valoración. A la espera de que la enmienda se apruebe, el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, califica de “lógico” el cambio de rumbo en materia de descuentos. “A excepción de un país, donde el límite se sitúa en el 40 por ciento, no hay ningún otro país en Europa que tenga establecidas este tipo de limitaciones”, señala su presidente, Jesús Aguilar, que añade que “no tiene sentido poner límites”.
La impresión es común al resto de agentes. Según la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), era una “traba sin sentido a la gestión comercial” y sin beneficio general. “No beneficiaba ni al propio sistema”, apunta su presidente Fernando Redondo. En la misma línea, la Federación de Asociaciones de Farmacia de Cataluña (FEFAC) resalta que hay que dejar a la negociación entre las partes las condiciones en que se realizan las transacciones, “siempre y cuando no afecte al usuario final, como es el caso”. Alexia Lario, presidenta de la Asociación de Empresarios de Farmacia de Madrid (Adefarma), también aplaude una medida que contribuirá a “desahogar la maltrecha economía” de las oficinas de farmacia sin aumentar el gasto farmacéutico.
Sin embargo, este posible alivio para la farmacia podría verse empañado por las últimas líneas de la enmienda, que Lario califica de “perversas” para la farmacia. La presidenta de Adefarma se aventura así a dar una respuesta al ‘porqué’ de un registro que a su juicio “coarta” la libertad empresarial de la farmacia. “A corto plazo —señala— tendremos otra medida o un retroceso del descuento”. Lario recuerda una de las razones que, según publicó en su momento EL GLOBAL, han podido estar tras el retraso en la publicación de estas enmiendas: la posibilidad de que el Ministerio de Hacienda quisiera que la liberalización de los descuentos repercuta en la Administración y en el precio que los ciudadanos pagan por los fármacos. “Vamos a tener que dar la información. Van a querer que se les devuelva esa cantidad. El desahogo económico será un canto de sirenas. Veamos lo que dura”, añade.
FEFE, Adefarma y FEFAC hacen constar también su extrañeza por los nuevos requisitos de transparencia, cuando la farmacia es un caso modélico al respecto. La patronal catalana aboga por esperar hasta conocer los detalles y el mecanismo antes de emitir un pronunciamiento. Sin embargo, su presidente, Antonio Torres, considera las oficinas de farmacias ya se rigen por unas normas contables por las que se recogen este tipo de datos. Por tanto, FEFAC entiende que habría que evitar duplicar este tipo de registros.“No hay operación comercial más transparente que la de la farmacia. Los descuentos figuran en las facturas. Los laboratorios y los distribuidores deben informar sobre eso. Las autoridades pueden solicitarlo en cualquier momento”, añade Redondo.
Se trata además de una acción que ya puede hacer el Ministerio Hacienda, por lo que la extrañeza aumenta ante la propuesta de que el sistema esté interconectado con Sanidad en el plazo de 12 meses, cuando a nivel nacional no hay interconexión que comunique directamente con el ministerio, más allá de la e-receta. Para Redondo, antes de poner plazos hay que saber muy bien lo que se va hacer. “Transparencia existe en la farmacia desde hace mucho pero no puede ser a costa de cualquier cosa, porque entonces se convierte en otra herramienta con fines muy distintos”, reflexiona.
Transparencia, a su vez, es lo que piden FEDIFAR y las empresas que la integran. Sus responsables se ponen a disposición del Ministerio de Sanidad y del resto de los agentes que forman parte de la cadena del medicamento para el diseño y desarrollo del sistema. “Se trata de un sistema complejo que va a requerir la colaboración de todos”, señalan desde la patronal de la distribución.
Más cauto se muestra el CGCOF a la hora de valorar inicialmente el añadido a la enmienda. “No hablo de hipótesis. Prefiero hablar de hechos. Cuando se apruebe, y en esos términos, hablaríamos de cómo y qué hacer”, señala. De no ser modificada, la enmienda podría quedar blanco sobre negro el lunes 19 de octubre, fecha prevista por el Ejecutivo para aprobar los Presupuestos de 2016.
La llegada de las liberalización en los descuentos para las oficinas de farmacia provocará una nueva inequidad entre los profesionales de Andalucía con los del resto de España. Con las subastas de medicamentos el Servicio Andaluz de Salud abolió los descuentos y los convirtió en ofertas de mejora que desembarcan directamente en las arcas públicas de la Junta de Andalucía. Además, la selección de un solo proveedor por parte del gobierno regional para suministrar los medicamentos subastados eliminó de raíz la posibilidad de competencia y, con ella, la razón de ser de estos descuentos liberados ahora por el ejecutivo nacional. Por ello, serán los farmacéuticos andaluces los únicos en todo el territorio nacional que no podrán beneficiarse de la ayuda económica implícita en esta enmienda.
