A un lado del escenario, la Generalitat de Cataluña reclamando lo que dice les ‘pertenece’ desde hace meses: cerca de 2.700 millones de euros por la desviación de su déficit en 2014 (a través del conocido como FLA extraordinario). Al otro lado, el Gobierno central, reteniendo sine die la aprobación y traspaso a las regiones de estas asignaciones. En medio de las tablas, en torno a 3.100 boticas catalanas —así como sus colegios y patronal— soportando a sus espaldas una deuda de más de 330 millones de euros. Y, como telón de fondo, la tensión política generada por el desafío soberanista en el Parlamento catalán.
Esta es, a día de hoy, la puesta en escena de este vodevil en el que se ha convertido la situación de impagos que sufre la farmacia catalana, cada vez más enquistada por asuntos que nada tienen que ver con lo sanitario. Con una deuda que el 5 de noviembre sumó las recetas de septiembre la Generalitat sigue porfiando exclusivamente el pago de nuevas facturas en lo que queda de año —pendientes y por generar— a la llegada de un FLA extraordinario... Al que el Ministerio de Hacienda no pone fecha. La Comisión Delegada de Asuntos Económicos —organismo encargado de validar estas asignaciones y repartir los fondos— aún no ha tratado esta cuestión. Principalmente, porque desde la Presidencia del Gobierno y el Ministerio de Hacienda optan por esperar.
“Se están buscando fórmulas para certificar que el dinero se destina al pago de las deudas”, confirmó el 4 de noviembre el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Días antes, había sido su homólogo de Sanidad, Alfonso Alonso, el que preguntaba públicamente “en qué se había gastado la Generalitat el dinero que tenía para proteger la salud de los ciudadanos” y si lo había invertido “en su propaganda, en un ánimo de ruptura, o en una división”.
Tensar la cuerda
Cada una de las partes (Ejecutivo central y Generalitat) sigue tensando la cuerda... Hasta que se rompa. Unos no se mueven de su postura —sin FLA extraordinario no habrá más pagos— y otros insisten que “no hay fecha de entrega”. El propio ministro de Sanidad ya ha indicado que “nos haremos cargo de las farmacias catalanas”, pero falta saber cúando.
En este sentido, fuentes del Ministerio de Hacienda indican a EG que “mientras no acabe el ejercicio, estamos a tiempo de asignar estas fondos” y recuerdan como ejemplo la situación acontecida en 2014, cuando el FLA extraordinario fue aprobado el 11 de diciembre por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. De asemejarse estos plazos, Cataluña podría no recibir de forma efectiva estos fondos —por los consiguientes trámites tras su aprobación— hasta enero de 2016, unas fechas en las que la deuda con las farmacias incluiría ya las facturas de octubre y noviembre. Por entonces, la deuda de la Generalitat con la farmacia catalana se situaría por encima de los 500 millones de euros.
Asimismo, desde el Ministerio de Hacienda se recuerda que Cataluña sigue recibiendo mensualmente una partida del FLA ordinario con la que “puede y debe”, indican estas fuentes, afrontar pagos a proveedores de su sistema sanitario y social (como las boticas), que tienen prioridad en este mecanismo de financiación. “El Gobierno lleva cuatro años pagando a las farmacias y financiando los servicios públicos en Cataluña”, recuerda el ministro de Sanidad.
Campaña de sensibilización
A la espera de novedades, las farmacias catalanas lucen carteles y repartes flyers a los pacientes con lemas como: “La Administración paga los medicamentos meses después de que los necesites. Este coste lo avanzan las farmacias”. Ello forma parte de una campaña de sensibilización a la sociedad sobre los impagos puesta en marcha por el Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Cataluña y la patronal farmacéutica regional Fefac.
Precisamente, Antonio Torres, presidente de la empresarial Fefac, manifiesta a EG que “esperamos es que a todo el mundo le de un ataque de responsabilidad”. Este dirigente alega que “lo que no puede ser es que el médico haga su trabajo prescribiendo, el farmacéutico haga el suyo dispensando, y la tercera pata del taburete, la Administración, no haga el suyo financiando el tratamiento”.
