Todos a una. La farmacia valenciana se ha transformado en Fuentovejuna y “no permitirá” que en el próximo acuerdo marco que negocia con la Generalitat determinadas farmacias tengan preferencia a la hora de cobrar con antelación las facturas. “Sería una medida injusta”, señala Fe Ballestero, presidenta del Consejo Valenciano de Colegios de Farmacéuticos, un órgano donde hay “total unanimidad en oponernos a ello”, confirma la también presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Alicante.
La farmacia valenciana ha cortado así de raíz la posibilidad con la que ha sido tanteada por su consejería de Sanidad respecto a que el nuevo acuerdo marco de prestaciones recoja que las farmacias en situación de viabilidad económica comprometida (VEC) cobren las facturas mensuales con antelación al resto de oficinas de farmacia. En concreto, las 89 boticas VEC de la región (apenas un 3,5 por ciento de la red de establecimientos) cobrarían en adelante las recetas a 30 días tras presentar las facturas, mientras que el plazo para el resto de farmacias se alargaría hasta los 60 días.
Dos son las razones que esgrimen los colegios farmacéuticos valencianos para ni entrar a valorar esta posibilidad. La primera, “evitar todo tipo de agravio comparativo entre farmacias, ya que una farmacia que tenga una gran facturación también puede tener muchas deudas”, afirma la presidenta del colectivo. Cabe recordar que esta posibilidad ya fue planteada en la etapa de Luis Rosado como consejero de Sanidad regional (2011-2012), como ‘parche’ temporal a la situación de impagos que ya existía por entonces.
“Si ya rechazamos estas distinciones en una época crítica, menos aún vamos a aceptar que se plasmen en un acuerdo marco y, por ende, sean permanentes para los próximos años”, expone Ballestero. Por su parte, Jaime Giner, presidente del COF de Valencia, indica que “los colegios podrían verse inmersos en una vorágine judicial si cualquier colegiados denuncia que se ha producido un agravio comparativo”. Y añade: “Apoyamos a las farmacias VEC, pero no solo este tipo de farmacias están en situación delicada”.
La segunda razón para la negativa se hace con la ley en la mano. La Ley de Morosidad obliga a que las administraciones públicas abonen a sus proveedores las facturas en un plazo máximo de 30 días tras su presentación. Por tanto, “en ningún caso vamos a consentir que se considere que el cobro a 30 días es un privilegio o consideración”, resalta la presidenta del Consejo Valenciano. La propuesta que la farmacia valenciana ha llevado a la mesa de negociación del nuevo acuerdo marco es que todos los establecimientos cobren las facturas dentro de ese plazo máximo de 30 días que fija la ley.
Ahora bien, Ballestero insiste en que no es una postura inamovible. “Si por cuestiones de liquidez quieren negociar un alargamiento de los plazos de pago, estamos abiertos a escucharles, pero, eso sí, siempre que quedasen claramente recogidas las responsabilidades por dicho alargamiento (intereses) y todos cobren a la vez”, sentencia. Para Giner, “aceptar el cobro a 60 días supone aceptar la deuda como algo cíclico y permanente”.
¿Qué pasaría si las posturas se enrocan? Aunque se espera llegar al entendimiento, el presidente del COF de Valencia recuerda que, en el peor de los casos, el acuerdo marco podría ser rubricado sin incluir cuestiones relacionadas con la facturación de recetas, la cual pasaría a depender de la Ley de Contratos Públicos, cuyos condicionantes para el pago de facturas “siempre serían mejores que cobrar a sesenta días”.
Acabar con la deuda
Estas discrepancias atañen a los pagos en el futuro. Pero la farmacia valenciana tampoco se olvida del presente, en el que su Administración todavía mantiene una mensualidad ‘cíclica’ de retraso en el pago que, en realidad, “con los intereses reclamados asciende a dos mensualidad y media”, recuerda Giner.
Cabe destacar que en una reunión paralela mantenida el 19 de septiembre con el director general de Farmacia, José Luis Trillo, los colegios valencianos le recordaron el compromiso adquirido en verano por parte de las consejerías de Sanidad y Hacienda regionales y del secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, de que en noviembre “se pondría a cero el contador de la deuda, coincidiendo con la llegada de la última partida anual del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA)”, confirma a EG Sergio Marco, presidente del COF de Castellón. Hace unos días, el consejero de Hacienda valenciano, Juan Carlos Moragues, manifestó que espera recibir cerca de 500 millones de ese sobrante del FLA destinado a 2014.
