No es la primera vez que se habla de infraprespuestación en Sanidad, pero sí la primera que se alerta de manera oficial de las consecuencias de esta estrategia. El informe del Tribunal de Cuentas ha dejado en evidencia los peligros que supone la política que casi todas las comunidades practicaron en 2010 y 2011, dejando obligaciones pendientes de pago y trasladando compromisos con cargo a presupuestos futuros, pero el problema sigue sin resolverse. Los cierres de los ejercicios presupuestarios siguen marcados por la imposibilidad de las administraciones de hacer frente a todas sus obligaciones para con los proveedores; los presupuestos siguen siendo claramente insuficientes para ciertas partidas, y las ampliaciones presupuestarias están a la orden del día. Ni el FLA ni el Fondo de Proveedores han erradicado el problema: de hecho, también lo han trasladado al futuro, en forma de intereses. ¿Hay salida al túnel de la infrapresupuestación? Los expertos así lo creen, aunque eso implicaría retomar de una vez asuntos demasiado tiempo pospuestos y buenas dosis de innovación a la hora de gestionar.
A la hora de buscar culpables, el más señalado en los últimos años sería la propia crisis económica y cómo los gestores se han enfrentado a ella: a día de hoy, ningún experto se opone al concepto de austeridad en cuanto a lo que supone de “prescindir de lo superfluo”, pero consideran que se debe hacer “eliminando grasa y no músculo”. Y no es eso lo que han estado haciendo las administraciones sanitarias, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, según aseguran varios de los autores que han elaborado el Informe Sespas 2014.
Tres de ellos, Enrique Bernal-Delgado; Carlos Campillo-Artero y Sandra García-Armesto, aseguran que “resulta preocupante que las urgencias de liquidez presupuestaria hayan relegado a un plano secundario las necesarias medidas encaminadas a asegurar la maximización del valor de la oferta sanitaria”. Las medidas adoptadas en torno a la estabilidad presupuestaria y los objetivos de déficit, dicen, han ido en detrimento de “medidas de mayor calado”, orientadas a “decidir, con trazo fino, qué debe financiarse y cómo”.
No se trata, por tanto, de gastar más, sino de gastar bien... Un mantra muy utilizado en el sector sanitario español, que pese a ser uno de los más eficientes del mundo sigue teniendo en la política fundamentada en la financiación selectiva de las prestaciones sobre la base de su valor su gran asignatura pendiente. España, según el último Informe Sespas, cuenta con los mimbres necesarios: regulación, legislación y organismos con capacidad técnica para identificar tecnologías de bajo valor, guiar las decisiones y evaluar oportunamente los efectos de estas últimas, pero aún así el impacto en la práctica de la evaluación económica siguen a años luz del sitio en el que debería estar.
Al igual que el Tribunal de Cuentas, el título de este trabajo, ‘Oferta sanitaria y crisis: financiamos los bienes y servicios según su valor o caemos en la insolvencia’, da buena cuenta de las consecuencias futuras de no llevar a cabo una reforma de este tipo.
Los PSI
Pero la reorientación de la política sanitaria hacia una estrategia de financiación selectiva que libere recursos empleados en oferta de dudoso valor añadido para destinarlos a servicios y tecnologías de probada eficacia, seguridad y eficiencia no es la única alternativa que existe para gastar mejor. Los pacientes también pueden aportar, y mucho, gracias a los Presupuestos Sanitarios Individualizados (PSI), según las conclusiones del II Congreso Semergen de Pacientes Crónicos de Madrid,
Esta estrategia tiene por objeto capacitar a las personas sobre el tratamiento y los servicios que reciben, alentándolas a tomar el control sobre cómo se gasta el dinero en su cuidado. y puede gestionarse de distintas formas: con un presupuesto delimitado llevado por el médico de familia o por el centro de atención primaria; con un presupuesto gestionado en nombre de la persona por un tercero; o a través del llamado ‘pago directo’, un pago en efectivo que se entregaría al paciente o a su cuidador... La Health Foundation ha identificado 60 estudios sobre PSI, que se están probando en Alemania, Austria, Australia, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Italia, Finlandia, Francia, Países Bajos, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos, y no todos tienen como objetivo reducir los costes sanitarios.
