El Real Decreto-ley 16/2012 ha marcado un antes y un después para los grupos parlamentarios. Y el hecho de que su convalidación coincida en el tiempo con la de la subcomisión propuesta por CiU para repetir en la Sanidad el histórico Pacto de Toledo ha sido lo peor que le podría ocurrir al enésimo intento de despolitizar el sistema sanitario. La semana pasada, la Comisión de Sanidad del Congreso dio el visto bueno a la creación de la subcomisión. Pero es una luz verde condicional, que depende única y exclusivamente del Gobierno. Si la ministra de Sanidad, Ana Mato, realmente quiere pacto, los grupos le exigen pasos visibles: la tramitación del RDL 16/2012 como proyecto de ley.
Algunos portavoces ven motivos suficientes para ello. En los últimos días, tanto el Congreso como el Senado fueron hervideros preparatorios del debate de convalidación de esta semana, con varias proposiciones no de ley, preguntas y mociones que cayeron en saco roto. En la Cámara Alta, el portavoz de Sanidad del Grupo Socialista, Roberto Lertxundi, expuso que, dado que algunas medidas incluidas en la reforma no son de aplicación inmediata, no hay motivo para el trámite de urgencia. “Ustedes saben que para cualquier ahorro en materia de copago farmacéutico es necesario primero unificar la tarjeta electrónica y todo ello va a tardar por lo menos un año”, dijo.
En el caso de otras formaciones, el objetivo de no tramitar como proyecto de ley responde más a una “voluntad perversa” para impedir “que el debate salga a la calle”. Así lo aseguró en el Congreso Joan Tardà, portavoz de Esquerra Republicana.
Pero la voluntad va más allá de estos dos grupos y toca incluso al grupo catalán de CiU, dividido entre la necesidad de seguir generando los ahorros que necesita Cataluña y las reticencias que le genera un texto que puede invadir competencias y se ha hecho, por mucho que el PP lo niegue, a espaldas de las comunidades autonómicas, que salieron del Consejo Interterritorial sin conocer el alcance de la reforma. “Es inaceptable pasar de un Sistema Nacional de Salud a un sistema de Seguridad Social, como hace este decreto, sin que haya un diálogo y un consenso y sin que hayamos podido intervenir para mejorar muchos de sus aspectos”, señaló la portavoz de Sanidad de CiU en el Congreso, Concepciò Tarruella.
Abstenciones
Con la pelota en el tejado del ministerio, esta semana se desvelará el futuro del Pacto, ya que del hecho de que el Gobierno ceda a las pretensiones de la oposición depende la ratificación de la subcomisión para algunos grupos. “Si no lo hace, probablemente en el Pleno no podamos apoyar la constitución de esta subcomisión”, dijo el portavoz de Sanidad del PSOE, José Martínez Olmos.
Solo un grupo se descolgó del voto afirmativo, aunque tampoco obstaculizó su creación. En representación de La Izquierda Plural, el portavoz de IU en la Cámara Baja, Gaspar Llamazares, se lamentó de la “muy difícil situación” en la que, a su juicio, el Gobierno ha puesto a la Comisión de Sanidad y a la subcomisión, si se crea. “Vamos a discutir si el sistema es o no universal, si su financiación es o no pública. Vamos a discutir cosas que nos parecían premisas ineludibles de cualquier debate y diálogo (...) Mi grupo no está de acuerdo en votar a favor de una Comisión de desacuerdo”, expuso. La votación no se saldó con su voto negativo, pero sí con su salida de la sala, y la de Tardá, en señal de protesta.
Mucho tiene que convencer la comparecencia de Mato en el Congreso el 17 de mayo para dar solidez a la aparente unanimidad con la que se ha constituido esta subcomisión, que nace integrada por ocho miembros: tres del PP, dos del PSOE, uno de UPyD, uno del Grupo Parlamentario Vasco y otro más del Grupo Mixto.
Al margen de que esta composición puede tener los días contados, la voluntad de diálogo entre las partes será sometida a nuevas pruebas cuando llegue el momento de analizar y apoyar el trabajo preliminar que resulte de este organismo: además, no serán los diputados los que lo hagan, sino que será encargado a un grupo de expertos.
El primer ‘no’
El último decretazo al sector sanitario cobró también protagonismo en el rechazo a una proposición no de ley presentada por Izquierda Plural sobre el recorte adicional de 7.000 millones de euros a la sanidad pública, que además pretendía garantizar el destino finalista en los presupuestos sanitarios de las comunidades de los ahorros que se quieren obtener.
Si la ministra realmente quiere pacto, los grupos le exigen pasos visibles: tramitar el RDL 16/2012 como proyecto de ley
El PSOE asegura que no podrá apoyar en pleno la subcomisión si la reforma se aprueba por la vía de urgencia
Exención de copago a los afectados por enfermedades raras
El Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso presentó una proposición no de ley por la que insta al Gobierno a eximir del copago a los pacientes afectados por cualquier patología catalogada como enfermedad rara tanto en la prestación farmacéutico como en la ortoprotésica, en la prestación con productos dietéticos y en el transporte sanitario no urgente realizado bajo prescripción facultativa y por razones clínicas.
Quitar el copago en el transporte sanitario no urgente
Una proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso insta al Gobierno a eliminar el copago en la prestación de transporte sanitario no urgente, tanto aéreo como terrestre, realizado bajo prescripción facultativa, para evitar consecuencias negativas a los pacientes que lo necesitan. Además, pide evitar de manera especial la discriminación a pacientes de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.
Aportación reducida a toda la prestación ambulatoria
El Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso presentó una proposición no de ley por la que insta al Gobierno a establecer, con anterioridad a la aplicación efectiva del Real Decreto-ley 16/2012, la aportación reducida para todos los medicamentos y productos sanitarios que forman parte de la prestación farmacéutica ambulatoria y sean dispensados por servicios de farmacia de hospitales y centros sanitarios.
Movilizaciones sindicales contra el doble aseguramiento
Los sindicatos con representación en la mesa sectorial de la sanidad (UGT, CC.OO., Cemsatse y CSI-CSIF) han convocado concentraciones de 20 minutos en todos los hospitales y grandes centros de salud de toda España como primer paso de un calendario de movilizaciones con las que parar un decreto que, según afirman sus portavoces, quiere acabar con la sanidad pública y cambiar el modelo actual por uno de doble aseguramiento.
Cataluña se suma al recurso contra la reforma sanitaria
Por motivos competenciales, Cataluña se ha sumado a la decisión del Ejecutivo vasco de recurrir la reforma sanitaria. Además, se suma a lo dicho en País Vasco sobre no dejar fuera de la asistencia a inmigrantes y propone crear para ellos una tarjeta sanitaria especial. “Por salud pública básica”, dijo su consejero de Salud. El anuncio andaluz podría llegar en unos días, mientras que Canarias y Navarra esperan el resultado de sus informes jurídicos.
