“Esta no es en absoluto una medida disuasoria ni recaudatoria, es una medida de eficiencia porque mejora la gestión, la transparencia y el control de los medicamentos hospitalarios”. La rotundidad de la frase con que la ministra de Sanidad, Ana Mato, defendió la semana pasada el copago farmacéutico hospitalario para pacientes ambulatorios ha sumado una incógnita a la indignación que aglutina, sin excepción, a toda la oposición. La pregunta que algunos se hacen ahora es: ¿Por qué lo hace el Gobierno? PSOE e Izquierda Plural temen que la resolución de 10 de septiembre sea una ‘avanzadilla’ para futuros copagos.
“¿Lo hace por soberbia, lo hace por sadismo o el Gobierno nos está prepagando para algo más? ¿Es la cabeza de puente de la mercantilización del sistema hospitalario? Esa pregunta queda en el aire y yo creo que el Gobierno va a satisfacerla en el peor de los escenarios”, aseguró el portavoz de Sanidad de la Izquierda Plural, Gaspar Llamazares. La diputada socialista Soledad Pérez fue más allá de la pregunta formulada por Llamazares. “Puesta en marcha esa unidad de gestión, ¿qué nos deparará el destino a todos los que estamos aquí y a todos los ciudadanos? ¿Un copago por la utilización de la cama, por la visita médica, por la alimentación en el hospital? Puesta en marcha la maquinaria, permítanme que ponga en duda que esto no llegue a pasar”, señaló.
Las dudas están justificadas por varios motivos. En primer lugar, porque se sigue hablando de una medida de la que ni tan siquiera se facilitan los datos de ahorro económico. Llamazares dio una cifra, estimada para todo el SNS en cinco millones de euros. En segundo lugar, porque si no va a tener un efecto recaudatorio, dotar a los hospitales de unidades de gestión que hoy no tienen parece un gasto innecesario en tiempos en los cuales lo que prima es la austeridad.
Por otro lado está el hecho de que, aunque el Grupo Parlamentario Popular se esté oponiendo en bloque él solo a todos los intentos de la oposición de frenar la medida en el Congreso y en el Senado, la unanimidad dentro del PP no existe. El PSOE se encargó de recordar la postura del grupo popular en las Cortes de Castilla y León y el anuncio de La Rioja de no aplicar este copago a menos que se haga igual en tiempo y forma en todas las comunidades. Estas dos declaraciones de intenciones restan peso, de hecho, a uno de los principales argumentos del ministerio: que la mayoría de los consejeros (los del PP) dieron el visto bueno a los reales decretos-ley 16/2012 y 28/2012, que equiparó la orden de dispensación con la receta médica.
Un copago ilegal
La negación del Ministerio de Sanidad al rechazo de este copago por parte de gobiernos autonómicos de distinto signo, instituciones, profesionales y asociaciones y colectivos de pacientes llevó la semana pasada al Gobierno del País Vasco a dar el paso que ya anunció cuando la Resolución se publicó en el BOE. El Ejecutivo regional cumplió su amenaza y formalizó el recurso de alzada, tras facilitar datos exactos de la recaudación en el Servicio Vasco de Salud: 220.000 euros, “cantidad que comparada con el presupuesto total de Osakidetza es sencillamente ridícula”, según la portavoz de Sanidad del PNV en el Congreso, Isabel Sánchez.
El gobierno de Vitoria asegura que el copago para medicamentos ambulatorios no solo es injusto e ineficaz, sino también ilegal. En eso se ampara precisamente el recurso de alzada presentado la semana pasada, y la amenaza del ejecutivo autonómico de recurrir también a los tribunales de justicia por la vía de lo contencioso-administrativo.
Esta ilegalidad, según Sánchez, es “manifiesta” por varias razones. Primero, al estar “dictada” por una dirección que para el PNV carece de la “legitimación legal y funcional” para hacerlo. “Ni siquiera la ministra —según el Grupo Parlamentario Vasco— tiene esa legitimación puesto que en todo caso correspondería al Gobierno en tanto que se trata de implantar un nuevo sistema de financiación de especialidades farmacéuticas que afecta a un importante volumen de medicamentos dispensados a través de los servicios de farmacia de los hospitales”.
El PNV añade que la resolución “quiebra el principio de equidad”, puesto que dependiendo del medicamento prescrito para una misma patología puede estar sujeto a copago o no (por ejemplo, fármacos oncológicos que pueden tomarse por vía oral —copagados— o intravenosa —no sujetos a copago—). Sánchez cree además que “puede llegar a provocar enriquecimientos injustos en las administraciones sanitarias a costa de los pacientes, puesto que el cálculo de la aportación del usuario se realiza sobre el precio de venta al público cuando el precio pagado por la Administración por los medicamentos que se dispensan en los hospitales es considerablemente inferior a este, al obtener importantes economías de escala a través de los procedimientos públicos de licitación convocados para su compra”.
El Grupo Parlamentario Vasco asegura que se ha obviado el preceptivo trámite de audiencia que debe practicarse en los procedimientos administrativos, así como la participación del Consejo Interterritorial hasta el punto de que el gobierno regional, al igual que los demás gobiernos autónomos, han tenido conocimiento de la decisión y de sus detalles mediante la lectura del BOE.
Además de dar luz verde al recurso de alzada contra el copago de farmacia hospitalaria ambulatoria por “penalizar injustamente a las personas con enfermedades crónicas graves”, el Gobierno vasco aprobará a mediados de noviembre un decreto de medidas compensatorias para el copago que se aplica en farmacias.
Según el proyecto de decreto, al que ha tenido acceso la Cadena Ser, se reembolsará con efecto retroactivo al 1 de julio de 2013 (desde que el copago por renta empezó a aplicarse en Euskadi) lo gastado por el copago farmacéutico a pensionistas con tarjeta sanitaria y rentas anuales inferiores a los 18.000 euros, a los parados que no tengan prestación por desempleo ni renta de garantía de ingresos y a las personas que no tengan regularizada su situación administrativa, carezcan de recursos y de tarjeta sanitaria.
El plazo para resolver y notificar las solicitudes será de seis meses desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada. Esta compensación, además, será compatible con la recepción de otras ayudas.
Mientras arrecian las críticas, el ministerio sigue apoyándose en las exenciones al copago para defender su política farmacéutica. Según respuesta parlamentaria del Gobierno, un total de 1.328.894 personas (el 2,8 por ciento de la población española) están exentas. De ellos, 605.951 son parados de larga duración y sus beneficiarios (un total de 806.173 personas). El resto (522.721 personas) reciben una pensión no contributiva, por lo que tampoco tienen obligación de realizar aportación alguna.
