La patronal griega de la industria farmacéutica innovadora (SFEE) ha vuelto a mostrar su beligerancia contra la incesante presión sobre el gasto farmacéutico que está ejerciendo el Gobierno, y ha anunciado que continuará con las acciones legales para tratar de revertir algunas decisiones que, a su juicio, podrían “poner en riesgo la salud pública, y llevar a las empresas del sector a un callejón sin salida”. En este sentido, se queja además de que las medidas en cuestión no estén siendo consultadas con los actores afectados y ve en ellas “una ausencia total de transparencia y de voluntad de entendimiento”. La consecuencia última, dicen, es que “se está minando la calidad de la prestación farmacéutica, y todo esto podría tener unas consecuencias enormes e impredecibles para los griegos”.
Así, como primera medida para prevenir daños mayores, desde la SFEE hicieron un llamamiento al Gobierno para que restablezca los niveles de gasto en oficina de farmacia y este no vuelva a descender de los 2.300 millones de euros que se habían fijado como límite; así como a preservar el hospitalario por encima de los 700 millones. Asimismo, llamó al Ministerio a una corrección de los precios de los medicamentos con base en la legislación vigente, que le obliga a situarlos en la media de los tres precios más bajos de la Unión Europea (habría ya 270 presentaciones en las que no se ha respetado esa regla); a asegurar que se respetan los límites acordados (150 millones en 2014 y el 2 por ciento de los objetivos marcados para 2015) en cuanto a las devoluciones por rebasar el techo de gasto establecido; y a “no añadir nuevos descuentos injustos sobre los más de 400 millones” que ya ha tenido que ceder, presuntamente, la industria farmacéutica.
Dicho esto, la SFEE anunció que en la asamblea general del pasado 12 de septiembre se decidió elevar una serie de apelaciones al Consejo de Estado en contra del Boletín de Precios del 12 de agosto, que contendría cantidades no ajustadas a la legislación vigente; la disposición DYG3 / GL oik. 70519, de 18 de agosto, que obliga a las compañías a abonar el 50 por ciento de la diferencia entre el precio a la seguridad social y el precio de venta en farmacia, exista genérico o no; o la GP / oik 61771 (Gov. Gaz. B 1907, de 15 de julio), que prohíbe la subida del precio de un medicamento que ya ha sido revisado, y que para dicha revisión establece un método de cálculo arbitrario cuyos criterios están siendo ocultados a los laboratorios.Asimismo, fuentes de la patronal recordaron que previamente ya se había emprendido la vía legal para recurrir otras medidas como la que obliga a los laboratorios a sufragar los costes de tratamiento de los ciudadanos no asegurados (GL / oik 56432 / Gov. Gaz. B / 1753/2014).
Ciudadanos de segunda
La consecuencia directa de estas políticas, dijo el presidente de la SFEE, Konstantinos Frouzis, “es que se condena a los ciudadanos griegos a una prestación sanitaria insuficiente, convirtiéndose en europeos de segunda clase”. Sobre este hecho opinó también el vicepresidente, Paschalis Apostolidis,quien llamó a “enfrentar de manera realista el gran problema de tener más de dos millones de ciudadanos sin acceso a la seguridad social”.
Ante esta situación, subrayó Apostolidis, “la industria farmacéutica se sabe con el deber de apoyar a la sociedad griega, pero es cierto que las compañías no disponen de una paciencia inagotable, cuando ven que el Estado trata a los pacientes como una partida contable y a las empresas como patrocinadoras de su propia insuficiencia”.
Para entender el hartazgo de la industria, señaló Nikos Kefalas, responsable de Precios de la SFEE, hay que saber que “cada error que se comete en la fijación de precios en Grecia repercute a los precios en otros Estados miembro, que utilizan a Grecia como país de referencia, lo cual podría llevar a algunas compañías a retirar sus productos del mercado griego, dejando a los pacientes sin acceso a ellos”.
Más allá de las consecuencias directas para la saluld, los responsables de la patronal griega alertaron del impacto que estas políticas podrían tener en la economía del país. A este respecto, fue Marios Kosmidis, miembro del consejo de administración, quien advirtió que todas estas medidas “conducen a una clara falta de estabilidad, alimentada por las prácticas opacas del Gobierno griego”. “Este contexto obliga tanto a las empresas nacionales como las filiales de las farmacéuticas multinacionales a desinvertir, y esto puede tener repercusiones fuertemente negativas sobre el empleo y, en última instancia, sobre el crecimiento del país”.
