Resulta significativo que, precisamente en estos momentos de debilidad económica de la farmacia comunitaria española, se vuelva a poner encima de la mesa el asunto de la propiedad de la farmacia, permitiendo la entrada de capital no farmacéutico, sin límite de ningún tipo, en la propiedad de las oficinas de farmacia comunitarias.
Los datos conocidos del borrador del anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales vuelven a traer a la farmacia española un fantasma que, ahora más que nunca, parece un buitre por aparecer en un momento de grave debilidad para el sector. Seguramente hoy en día muchos farmacéuticos en apuros podrían llegar a ver con buenos ojos dar entrada a capital ajeno en sus farmacias, especialmente ante los problemas de acceso al crédito y la extensión de los impagos por gran parte de la geografía nacional. Precisamente los impagos, junto con una reducción nunca antes vista del mercado farmacéutico, y las perspectivas de futuro poco halagüeñas, sitúan a la farmacia española en una posición mucho más débil de la que tenían hace seis años cuando la ofensiva liberalizadora europea inició su cruzada.
No obstante, esos farmacéuticos que podrían ver bien dar entrada a capital externo deben tener claro lo que eso significaría: el fin del modelo farmacéutico en nuestro país y la entrada de los grandes capitales en el sector. Precisamente esto es algo que también preocupará sin duda a las compañías farmacéuticas que verán un negociador mucho más duro en sus condiciones comerciales.
En cualquier caso, la duda que surge en estos momentos es por qué el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha vuelto a poner este asunto encima de la mesa, para qué lo hace y qué quiere conseguir. La liberalización del sector nunca daría lugar a mejores precios de los medicamentos, puesto que es el Gobierno quien los fija, al igual que los márgenes de los agentes. Del mismo modo, los servicios y la capilaridad de la farmacia no mejoraría, sino al contrario. Por ello, de nuevo, ¿para qué?
