Por primera vez en mucho tiempo, gran parte de las medidas que toma el Gobierno de la Nación en materia farmacéutica no son (solo) perjudiciales para el sector y se presentan con vocación de ser estructurales en el control del gasto en medicamentos. Con la modificación del copago farmacéutico, haciéndolo más justo, y con la desfinanciación de medicamentos, se va a conseguir un importante ahorro para el sistema. Por un lado, el incremento de facturación que supondrá el incremento en un 10 por ciento del copago. Aunque la reducción de la factura no llegue a esa cuantía debido a los topes establecidos en pensionistas y en los medicamentos de aportación reducida, el resultado será muy importante. Por otro lado, la reducción de la factura a cuenta de la disuasión que se genera sobre los pacientes ante tratamientos que realmente no necesitan y, de forma muy importante, por la desfinanciación de un gran número de medicamentos, que suponen el cinco por ciento del mercado farmacéutico.
Ambas medidas, aunque como es lógico impactan directamente sobre la cuenta de resultados de las compañías farmacéuticas, distribuidoras y farmacias, no son igual de lesivas que una bajada de precios o de márgenes que, directamente obligan a trabajar más por menos. Es más, a largo plazo, estas medidas que realmente son estructurales, ayudan a sostener, de modo mucho más mantenido en el tiempo las cuentas públicas, al atacar el problema principal que tiene la prestación farmacéutica en nuestro país: la demanda. Además, en el caso de la desfinanciación, la industria y la farmacia tiene la oportunidad de desarrollar sus gamas de productos, siempre que la Administración facilite las cosas. Por ese motivo, tal y como se observó durante la jornada sobre Estrategias ante la desfinanciación de medicamentos, mediante la facilidad de los switches y la implicación de los profesionales, es posible que los productos desfinanciados se desarrollen y supongan una oportunidad de crecimiento ante la crisis.
