A pocos días de aprobar el Real Decreto Ley de racionalización del gasto farmacéutico, las comunidades autónomas siguen haciendo cábalas para cuadrar sus cuentas ante las consejerías de Economía. El diagnóstico está claro: el problema acumulado de la sanidad es presupuestario. El remedio, entonces, también lo está. Y aunque es imposible sustraerse de la coyuntura actual, que impide inyectar más recursos a las comunidades autónomas, sí es posible avanzar en la dirección correcta utilizando las vías apropiadas. El Consejo Interterritorial tiene claro que es fundamental que la financiación sanitaria sea finalista. Ahora sólo falta que Economía y el Consejo de Fiscal y Financiera lo tengan igual de claro.
Otra realidad clara como el agua. Los datos incluidos en el análisis que 25 economistas han realizado para Fedea en relación a la Ley de Economía Sostenible demuestran que el 70 por ciento del gasto farmacéutico público se concentra en un 20 por ciento de población pensionista, exenta de pago. Mientras, en Muface, donde los funcionarios públicos contribuyen con un copago del 30 por ciento, la población pensionista consume un 40 por ciento menos.
Bajo estas cifras subyacen numerosas preguntas. ¿A qué se debe esa diferencia? ¿Tienen los jubilados de Muface mejor salud que los que acuden al sistema público? ¿O se trata de que el ‘todo gratis’ promueve un uso poco racional del medicamento? En ese caso, ¿bastan las iniciativas de concienciación ciudadana? En Cataluña, al menos dos partidos lo tienen claro: un copago “no recaudatorio, sino disuasorio” (conviene recordar ese matiz) puede ayudar a la sostenibilidad del sistema. Y lo dicen (otro dato importante) a pocos meses de celebrar elecciones. En Fedea también tienen claro otro punto que España promulga mucho, pero practica poco: la evaluación de las políticas públicas. ¿Podemos darnos el lujo de gastarnos los recursos públicos en políticas públicas que no funcionan?
