Previamente a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad, el Gobierno debe pedir al Consejo de Estado un dictamen sobre la cuestión. Ese dictamen permanece secreto, excepto para el Gobierno hasta que este decide e interpone, en su caso, el recurso de inconstitucionalidad. Con el euro por receta no ha sido así. El pasado martes, Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, desveló en una comparecencia en el Senado el sentido del dictamen del Consejo de Estado sobre esta nueva tasa por prescripción y dispensación de medicamentos. Al día siguiente el dictamen estaba disponible en la base de datos del Consejo de Estado.
A pesar de que, tal y como ha confesado el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ya conocía el contenido de dicho dictamen, la estrategia del Gobierno central con su publicación busca redoblar la presión para lograr un acuerdo con Madrid y Cataluña cuanto antes, puesto que el plazo para decidir si se interpone el recurso ante el Tribunal Constitucional finaliza el próximo 23 de diciembre. En cualquier caso, el fin del euro por receta está cada vez más cerca. Ya sea por la vía de la negociación, ya sea por la vía legal. El Gobierno, una vez hecho público ese dictamen, con los múltiples fundamentos de inconstitucionalidad por invasión de competencias y por creación de desigualdades entre pacientes no lo puede dejar pasar. Ahora falta por ver en qué puede quedar un acuerdo de retirada cuando las posturas están fuertemente enfrentadas. Especialmente en Cataluña, que se escuda en su constitucional, el Consejo de Garantías Estatutarias.
