Siempre que se aprueba una medida legislativa que afecta, directa o indirectamente, a la oficina de farmacia se produce un vuelco que influye en la forma de actuar de los profesionales farmacéuticos. Unas idas y venidas que suponen no solo un contratiempo para los boticarios españoles sino una pérdida económica debido a las reestructuraciones que deben realizar en sus negocios. Un claro ejemplo lo constituye el Real Decreto-ley 16/2012, que establece una nueva regulación sobre la prescripción por principio activo (PPA). Un nuevo vaivén que deja a los profesionales farmacéuticos en una posición en la que la inestabilidad es la tónica dominante en la que desarrollan una labor sanitaria fundamental y económicamente vital para el mantenimiento del actual Sistema Nacional de Salud.
Sobre este particular, cabe destacar que recientemente, el Real Decreto-ley 9/2011, por el que se hizo obligatoria la PPA en todo territorio nacional, eliminó la discriminación existente entre medicamentos genéricos y de marca, siempre que estuviesen en precio menor. Una normativa que ahora ha saltado por los aires y, donde dije digo ahora se dice Diego. Es decir, que se vuelve a empezar de nuevo porque cuando se realice la PPA el farmacéutico dispensará el medicamento de menor precio de su agrupación homogénea y, en caso de igualdad, el medicamento genérico o el medicamento biosimilar correspondiente. Una regla de juego distinta, nuevamente. Habría que poner un poco de sensatez y estabilidad, porque el sector no puede estar pendiente de los vaivenes que cada viernes se produzcan a través del real decreto-ley.
