La Policía Nacional detuvo el pasado 14 de noviembre en Valencia a 20 personas por el hurto de más de 100.000 productos sanitarios de un almacén de Cofares en esta ciudad (Alcofarsa). Los arrestados conformaban una red ideada para, eludiendo los controles, sacar los productos del almacén y venderlos bajo pedido. El valor de lo hurtado durante más de un año supera el millón de euros y podría haber sido vendido, entre otros destinos, a una farmacia de Valencia y a compradores en el extranjero. Los investigadores han registrado nueve domicilios en los que han recuperado 15.000 de los productos hurtados, como vendas, dentífricos, cremas o medicamentos.
Estas investigaciones se iniciaron en mayo de 2014 tras la denuncia de la propia empresa perjudicada. En este sentido, responsables de Cofares se habrían percatado de la falta, desde hacía varios meses, de diversos productos de su almacén. La salida de estos productos de las instalaciones de la empresa no estaba acreditada de manera fehaciente, por lo que podrían estar siendo sustraídos. Los agentes descubrieron que los principales autores del hurto continuado podrían ser trabajadores o ex trabajadores de la empresa, en concreto un grupo de personas pertenecientes a un mismo núcleo familiar. Estos individuos pagaban unos 600 euros al mes a diferentes trabajadoras de la empresa para que sacaran productos del almacén y los hicieran llegar hasta un punto determinado de las instalaciones. Allí una mujer introduciría lo hurtado en una caja de reparto y su novio, habitualmente ubicado en la recepción, se encargaría de distribuir las cajas a los compradores. Del reparto de la mercancía se responsabilizaban la hermana de la primera mujer citada y el padre de ambas, ambos conductores relacionados con la mercantil.
La operación ha culminado con la detención de un total de 19 trabajadores, ex trabajadores y autónomos relacionados con el almacén de productos farmacéuticos, así como de una persona relacionada con una farmacia ubicada en la provincia de Valencia.
El Grupo Cofares ha confirmado que se personará como acusación particular para recuperar las pérdidas que ha supuesto la actuación de estos empleados y contratistas “que no habrían cumplido con la mínima obligación que tiene un trabajador para el fin para el que fue contratado”, exponen en un comunicado.
