Según la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), la asistencia farmacéutica en los centros penitenciarios españoles es “irregular y deficitaria”. Actualmente, de los 74 de estos centros que hay en nuestro país, solo 15 cuentan con servicios de farmacia autorizados. “Eso significa que el 80% de los centros está incumpliendo la normativa legal” asegura el presidente de esta sociedad, José Luis Poveda, quien recuerda que “hemos pedido, sin ningún éxito hasta el momento, la intervención de la Administración Penitenciaria para que vele por el cumplimiento de la regulación vigente”.
Desde la SEFH inciden en que entre la población reclusa hay una alta prevalencia de patologías psiquiátricas, infecciosas y toxicómanas. Además del Programa de Metadona están en marcha los programas de Prevención, Control y Tratamiento de Tuberculosis, Infección por VIH y Hepatitis, de ahí que la atención farmacéutica que se precisa en estos centros incluya el manejo de medicamentos de uso hospitalario, un diagnóstico hospitalario, fármacos que requieren un control médico especial, como son entre otros los psicótropos y estupefacientes.
La legislación nacional y autonómica en materia de prestación farmacéutica contempla que en los CCPP se debe instaurar, para la asistencia farmacoterapéutica que requieran los internos, bien un Servicio de Farmacia o bien un Depósito de Medicamentos (DM) adscrito a un Servicio de Farmacia de un hospital. Una prestación que debe estar integrada dentro del Sistema Sanitario Penitenciario. Las pautas de funcionamiento de estos servicios de farmacia y DM están recogidas en diferentes normativas, y todas ellas, como recuerda la SEFH, coinciden en que sería más ventajoso que estuvieran bajo la titularidad y responsabilidad de un farmacéutico especialista en Farmacia Hospitalaria.
Teniendo en cuenta esta situación, desde esta sociedad científica se quiere incidir en que dotar de estos medios y profesionales cualificados a los centros penitenciarios garantizaría la adecuada gestión y el uso racional de medicamentos en la red sanitaria penitenciaria. A la mencionada falta de cumplimiento de la legislación, se suman además casos de intrusismo profesional. Poveda denuncia que “sabemos que en algunos centros la gestión de adquisición de medicamentos, custodia, correcta conservación y dispensación corre a cargo de un médico, de personal de enfermería o de un auxiliar de clínica”.
