Los ministros de Salud están a favor de abordar estrategias comunes para mejorar el acceso a los medicamentos
Los eurodiputados no solo creen que ha llegado la hora de actuar sobre los precios; también creen que es posible
Más leña al fuego de la política farmacéutica europea. Por si no fueran pocas las dudas que ha generado el anuncio del traslado de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), el caldo de cultivo que se ha ido cocinando a la sombra del ‘caso Solvaldi’ ha terminado por explotar y parece estar convenciendo a las autoridades sanitarias europeas de que algo debe cambiar. Se han encargado de dejarlo claro los debates que en un plazo de apenas diez días han tenido lugar en Parlamento Europeo, primero; en la reunión informal del Consejo de Ministros de Salud de la UE, después, y por último en el encuentro informal del Consejo Interterritorial del SNS que tuvo lugar en Santiago de Compostela.
Durante muchos años, todos los intentos de la Comisión Europea de poner un cascabel al gato de las políticas de precios y reembolsos han caído en saco roto por la oposición de los estados a ver socavada una de sus mejores herramientas para frenar el déficit público a través del gasto farmacéutico. El mejor ejemplo es el pozo sin fondo en el que está la revisión de la Directiva de Transparencia, o de Información al Paciente, que pretendía poner orden en los divergentes sistemas nacionales de fijación de precios y reembolsos.
Pero en un momento liderado por el debate sobre el impacto de los precios de las innovaciones en la sostenibilidad de los sistemas nacionales de salud son también los propios estados los que consideran que es el momento de superar esas barreras competenciales que hasta ahora ha atado de pies y manos a la Comisión Europea. “Todo lo que queremos es evitar la escalada de los precios para garantizar la sostenibilidad económica de los servicios de salud en los Estados miembro y mejorar, acelerar y asegurar el acceso de los pacientes a los medicamentos innovadores de Europa”, resumió la ministra de Salud italiana, Beatrice Lorenzin, al término de este consejo informal.
Se trata de ver ahora cómo se consigue este objetivo. La evaluación económica nació como una herramienta para proporcionar una respuesta operativa a la brecha que se abre entre los recursos limitados de los sistemas de salud, la creciente demanda sanitaria y la innovación tecnológica. No obstante, como señaló la ministra italiana, la situación ha puesto de manifiesto incluso las dificultades de la evaluación económica a la hora de dar respuestas concretas a las nuevas terapias que son prometedoras desde el punto de vista de sus resultados, pero cuyos precios son “claramente insostenibles para cualquier sistema de salud”.
La propuesta de la Presidencia italiana, acordada por en la reunión de Milán, no supone un cambio radical: abarca una mayor cooperación, estrategias comunes y el intercambio de información sobre los precios para mejorar, agilizar y asegurar el acceso a los medicamentos. Se trataría, en general, de evitar la duplicación de datos, apostar por resultados comunes y aprovechar iniciativas que ya están en marcha, como los sistemas de reembolso condicional o las licencias de adaptación propuestas por la EMA. Muchos países consideran que esta herramienta promovería un acceso rápido respetando la seguridad del paciente. La gran mayoría apoya, además, que exista una mayor coordinación para el desarrollo de informes conjuntos de evaluación de tecnologías sanitarias, respetando las competencias nacionales.
El Europarlamento exige medidas
La cooperación entre estados también podría solucionar, según los ministros de Salud de la UE, los problemas de sostenibilidad que presentan los elevados precios de ciertos medicamentos, mezclados con el heterogéneo poder adquisitivo de los distintos países. Todos coinciden en que hay que aunar esfuerzos, compartir información y permitir el intercambio de las mejores prácticas en beneficio del paciente.
Falta por ver, no obstante, si las medidas planteadas serán suficientes para atajar el problema. En el Europarlamento, el debate tomó otros derroteros. Más allá de la cooperación entre los estados, los eurodiputados exigen a la Comisión que actúe, en línea con el mensaje que el comisario de Salud lanzó recientemente, durante su participación en la conferencia anual de la EPHA: según Tonio Borg, es la falta de competencias de la Unión Europea en materia de salud la que impide avanzar.
En sustitución del comisario, fue Connie Hedegaard, comisaria de Acción por el Clima, la encargada de trasladar a los eurodiputados la postura de la Comisión en torno al acceso a los medicamentos en Europa. La Comisión, recordó, “no puede imponer un precio máximo” ya que no tiene competencias, pero sí puede “fomentar un mejor intercambio de información entre estados” sobre las políticas de fijación de precios para minimizar los efectos negativos que puede tener el precio en la accesibilidad de ciertos fármacos. Otra vía, según Hedegaard, es “seguir explorando el mecanismo de licitación conjunta para que conseguir mejores ofertas por parte de la industria farmacéutica”.
Los eurodiputados admiten las limitaciones, pero creen que existen alternativas. Una de las más tajantes fue la española Soledad Cabezón. “Sanidad no es competencia de la UE, pero sí lo son mercado Interior, Competencia; Derechos de la Propiedad Intelectual o Investigación”. La representante socialista pidió también que “se desbloquee la necesaria reforma de la directiva de 1988 sobre transparencia en la fijación de precios y reembolsos y se tomen medidas que garanticen la sostenibilidad de los sistemas nacionales”.
Otra europarlamentaria española, Beatriz Becerra, representante de UPyD, también cree que existen las herramientas, pero en el ámbito de los países de la UE. “Los estados pueden aplicar el artículo 31 de la Declaración de Doha, emitir una licencia obligatoria por motivos de salud pública y fabricar un genérico; pueden oponerse legalmente a la patente como hizo India, ya que la molécula fue patentada previamente contra el cáncer; o pueden negociar el pago conjunto de cesión de la patente u optar por formar un bloque y hacer compras públicas agregadas”, dijo, en relación a Sovaldi.
Además de la reducción de la duración de las patentes, entre las ideas propuestas por los eurodiputados está también la puesta en marcha de subvenciones o la creación de un fondo comunitario que garantice el acceso de los enfermos a las innovaciones. Hubo incluso quien relacionó el problema con el cambio de adscripción de la EMA. “No deberíamos cambiar las competencias de Farmacia a la DG Industria”, dijo la danesa Margrete Auken. Los eurodiputados no solo creen que ha llegado el momento de actuar sobre los precios de los fármacos. Además, creen que es posible. Así lo dijo Beatriz Becerra: “Si hemos podido en Europa imponer límites al roaming, ¿no vamos a ser capaces de cambiar el modelo de fijación de precios de los medicamentos que salvan vidas?”.
A por una revisión más amplia del concepto de innovación y evaluación. Tras analizar los comentarios a una consulta lanzada entre grupos de pacientes, el Departamento de Salud, empresas, sociedades científicas e investigadores, el Instituto Nacional para la Salud y la Excelencia Clínica (NICE) de Reino Unido ha decidido llevar a cabo más trabajos antes de hacer cambios a la forma en que evalúa los nuevos medicamentos y otras tecnologías para su uso por el sistema nacional de salud británico (NHS). “Está claro que el cambio en los métodos del NICE no aliviará por si solo las preocupaciones en torno a cómo el NHS accede a los nuevos tratamientos”, aseguró en una nota de prensa Andrew Dillon, director ejecutivo del organismo evaluador.
No se trata de una marcha atrás, sino de una prórroga. En su respuesta a los comentarios de los sectores consultados, el NICE solicita tener un papel más amplio. Asegura además que cualquier cambio en sus métodos necesita formar parte de una revisión más amplia de los conceptos de innovación y evaluación, incluyendo para ello a los pacientes, el NHS, las industrias farmacéutica y los propios investigadores. El NICE asegura también que “es esencial que la industria también reconozca su papel a la hora de poner los tratamientos innovadores a disposición de la población a un precio justo”.
