José María López Alemany
Según pasan las semanas desde la aprobación del Real Decreto Ley 4/2010, más colectivos evalúan sus impactos y dan a conocer sus consecuencias. Prácticamente todos ellos han alertado de dos efectos importantes: no dará solución a la sostenibilidad del SNS y, por otro lado, tendrá un efecto demoledor en las inversiones y el empleo de compañías farmacéuticas, distribuidoras y oficinas de farmacia.
Respecto a la sostenibilidad, cada vez más informes y estudios descartan que las medidas puestas en marcha, según el calendario fijado no tendrán ningún efecto en 2010. Por eso, cada vez cobran mayor importancia las estimaciones que adelantan a octubre o, incluso, antes la entrada en vigor del nuevo SPR.
Pero en materia de empleo e inversiones, aunque desde la industria, principalmente de genéricos ya se han dado cifras estimadas de empleos que podrían perderse, es en el ámbito de la farmacia cuando esta semana ha aparecido también el fantasma de los despidos.
No cabe duda de que un impacto promedio de 1.474 euros al mes por oficina de farmacia tiene una repercusión muy importante. Especialmente en aquéllas que tengan una dependencia superior de las recetas financiadas con fondos públicos. Descontar esa cuantía, podría tener, según FEFE, un impacto total de más de 10.000 empleos o suponer un retraso, por ejemplo, en la implantación de la receta electrónica. Entonces, si las medidas puestas en marcha no van a solucionar la papeleta a las comunidades autónomas, ni a corto ni a largo plazo, y, por otro lado, se va a desestabilizar a la farmacia, la distribución y la industria, ¿con qué intención y estudios se ha hecho el RDL?
