El acuerdo entre el Gobierno y la industria farmacéutica para alcanzar un marco estable, y que hasta ahora se enmarca en una vinculación entre el PIB y el gasto farmacéutico, llegará al Consejo de Política Fiscal y Financiera que previsiblemente tendrá lugar a principios de diciembre. Así lo aseguró el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, durante su comparecencia en el Senado para explicar los Presupuestos Generales del Estado de su Departamento para 2015.
El Ejecutivo, señaló Beteta, está haciendo “todo lo posible” para que “seguir manteniendo el rigor en las cuentas e ir reduciendo paulatinamente el déficit público sea una realidad, sin alterar la prestación de los servicios esenciales”. En este sentido, puso como ejemplo lo que ocurrirá en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, previsto para principios del próximo mes. “A través de acuerdos con la patronal farmacéutica, Farmaindustria, y con Fenin, se va a reducir el gasto farmacéutico en medicinas, pero no para un empeoramiento en el servicio a los ciudadanos sino por un control de ese gasto que se paga a las farmacéuticas”, señaló el secretario de Estado de Administraciones Públicas.
Beteta no ofreció más pistas sobre el acuerdo, aunque sí añadió que, junto con él, la cita del ministro y los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas estudiarán la puesta en marcha de “un plan de choque de renovación del aparato tecnológico” de los hospitales públicos. “Creo que ese es el camino para avanzar: prestar más servicios públicos sin incrementar el gasto público”, dijo.
Más dinero frente a recortes
Durante su comparecencia, el secretario de Estado de Administraciones Públicas defendió los incrementos previstos en la financiación territorial para el año próximo. “En definitiva —señaló—, se incrementa la financiación de nuestra sanidad, de nuestra educación y de nuestros servicios sociales”.
Pero las cifras que ofrecen el proyecto presupuestario no convencen a la oposición. La distribución de los objetivos de déficit sigue siendo objeto de debate, también para el último año de legislatura del PP. En las cuentas de la oposición pesa el hecho de que los incrementos presupuestarios anunciados para los territorios no ayudarán a consolidar la prestación de unos servicios públicos fundamentales, ya que quienes los gestionan (las comunidades autónomas) deberán reducir su déficit del 1,5 al 0,7 por ciento... Más recortes, por tanto, frente a las promesas del Gobierno de mayor financiación sanitaria.
El acuerdo entre el Gobierno y la industria farmacéutica sigue la misma dinámica. A falta de conocer más datos, y ante las dificultades y dudas jurídicas que plantea, el grupo socialista ya se ha mostrado manifiestamente en contra, y adelantado su decisión de anularlo si vuelve a gobernar.
