Cuando las innovaciones terapéuticas arriban al mercado español suele emerger una sombra de duda sobre las comunidades autónomas. La razón orbita en la falta de equidad entre territorios a la hora de poder acceder a los nuevos medicamentos, debido, principalmente, a razones económicas. Esta queja se ha repetido con los últimos tratamientos aprobados por Sanidad para la hepatitis C, según han denunciado pacientes y médicos en los últimos meses. La Guía Terapéutica elaborada por el ministerio hace unas semanas puede ser el garante de la equidad exigible, a tenor de las declaraciones que las comunidades han realizado como contrapeso a la polémica desatada.
Desde Andalucía, su presidenta, Susana Díaz, ha garantizado a los pacientes de hepatitis C que recibirán la medicación que les prescriban los profesionales sanitarios. De hecho, Díaz considera que no hay justificación económica que pueda impedir el acceso de un enfermo al tratamiento que necesite. “En Andalucía no vamos a permitir que ningún paciente no acceda a la medicación que necesite y que su médico entienda que debe recibir por dificultades económicas”, sentenció. De hecho, desde la consejería de Salud andaluza se explica que las pautas de prescripción serán las que el ministerio ha especificado en la Guía Terapéutica.
Similar argumentación es la que ha ofrecido la Comunidad Valenciana a EG. Desde su consejería de salud se explica que se está aplicando el consenso al que se ha llegado entre las comunidades autónomas y el ministerio. “En esa línea se han dado instrucciones a principios de diciembre a todos nuestros departamentos de salud para que trasladen a los profesionales que corresponda la estrategia terapéutica de abordaje de la enfermedad y los criterios de prioridad así como los mecanismos de solicitud de inicio de tratamientos”, explican. Sin embargo, también se asegura que “la solicitud tiene que ser evaluada por el subcomité de expertos sobre los nuevos antivirales para la hepatitis C”.
Desde Cataluña también se siguen las directrices que marca la guía terapéutica, según señalan desde el gobierno regional. De forma adicional, la consejería de Salud ha creado un grupo específico del tratamiento de la hepatitis C en el marco del programa de armonización farmacoterapéutica con el objetivo de actualizar de forma dinámica los nuevos tratamientos farmacológicos de la hepatitis C y garantizar la equidad en el acceso a todos los pacientes que lo necesiten. Por su parte, desde el País Vasco, Jon Darpon, consejero de Sanidad, sentenció en sede parlamentaria que “No habido, no hay y no habrá una sola persona en nuestra comunidad que se encuentre afectada de hepatitis C, ni por ninguna otra enfermedad, que no tenga acceso al tratamiento más adecuado en cada momento”.
De hecho, el director de Asistencia Sanitaria de Osakidetza, Antonio Arraiza, refrendó la afirmación del consejero al asegurar que se rige siempre por criterios profesionales y no por criterios políticos o economicistas. De igual modo, comunidades como La Rioja o Castilla-La Mancha también han afirmado que seguirán las directrices del ministerio que han sido consensuadas sin primar aspectos economicistas.
Presupuestos
Para llevar a cabo las políticas a las que se han comprometido, las comunidades autónomas deben tener un presupuesto acorde. Desde la Comunidad Valenciana se asegura que no tienen un presupuesto cerrado, pero dedicarán “el dinero que sea necesario para el conjunto de pacientes que inicien el tratamiento”. Este patrón se cumple en casi todas las regiones, que aseguran que no tienen desglosado el presupuesto de Farmacia para cada una de las patologías existentes. Sin embargo, tanto el País Vasco como Madrid sí que han dejado claro cuáles van a ser los recursos que se van a aplicar para que los pacientes de hepatitis C puedan acceder a la medicación que necesiten. En el primer caso, el presupuesto de Farmacia se ha incrementado un 4,4 por ciento, “incluyendo partidas especiales para hepatitis y cáncer”. En el caso de Madrid, su consejero de Sanidad, Javier Maldonado, aseguró que la comunidad no tendría ningún “techo de gasto” para tratar a los pacientes. En el caso de Cataluña, en el año 2014, 1.978 pacientes con hepatitis C han sido tratados con un coste total de 22,1 millones de euros.
La Comisión Delegada del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud publicó el pasado jueves el orden del día que se discutirá el próximo día 14 de enero entre ministerio y comunidades autónomas. Entre los temas a debatir se encuentra el Plan Estratégico para el abordaje de la hepatitis C, cuyo objetivo es definir las líneas de tratamiento y la financiación necesaria para llevarlas a cabo en todo el territorio nacional. La inclusión de la hepatitis C en el orden del día fue puesta en tela de juicio por María José Sánchez Rubio, responsable de la política sanitaria del PSOE y consejera del ramo en Andalucía, quien aseguró a principios de la semana pasada que el ministerio no tenía intención de debatir sobre el Plan Estratégico con las comunidades autónomas. Sus palabras fueron respondidas por Sanidad, quien argumentó que la queja carecía de fundamento porque el orden del día aún no estaba cerrado. Junto a la hepatitis C, el Consejo Interterritorial debatirá sobre otros tres temas de actualidad: hospitales propuestos para tratamiento de casos confirmado de ébola, distribución de fondos para las comunidades autónomas para estrategias frente a enfermedades raras y el informe sobre la propuesta de acuerdo del registro de profesionales.
