A priori, Bruselas está satisfecha con el recorte de 10.000 millones anunciado por España, pero antes de dar un cheque en blanco exige saber qué reformas se acometerán para alcanzar esa cifra y cómo se ajustarán los presupuestos autonómicos a esta nueva realidad, que llega a la par que unos presupuestos restrictivos que de por sí obligaban a retocar sus cuentas. Esta semana, el Interterritorial se reúne para plasmar sobre el papel un cambio, cuanto menos cuantitativo, para el SNS. Los días previos, las comunidades se movieron entre la aprobación y el rechazo ante el nuevo recorte, pasando por la reactivación de la polémica por la devolución de transferencias.
Fue la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, la encargada de encauzar el debate. Menos de un año ha necesitado la ‘baronesa’ del PP para matizar de forma considerable su apuesta por la revisión del Estado de las Autonomías. En julio de 2011, el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, lanzaba el órdago (posteriormente desmentido) de devolver las competencias en Sanidad si no recibía financiación suficiente, lo que provocó un cierre de filas en el Gobierno Central. Madrid, en este caso, abogó por mantener las competencias de Sanidad, Educación, Transporte y Atención a la Dependencia y devolver todas las demás.
Pero adelgazar el estado autonómico se ha convertido, según Aguirre, en algo “vital”. De ahí que su propuesta pase ahora por devolver también, “si España lo necesita”, las competencias sobre Sanidad, Educación y Justicia, y dejar a los ayuntamientos Transportes y Servicios Sociales. Con ello, dice, se conseguiría un ahorro de 48.000 millones de euros.
La presión de Madrid no ha variado la postura del Ejecutivo Central. Muchas comunidades, con más énfasis en el caso de Cataluña, País Vasco y Navarra, corearon el rechazo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al planteamiento de Aguirre. Sus propuestas van por otros derroteros.
Por lealtad institucional, las consejerías de Sanidad no hicieron públicas las recetas sobre sostenibilidad con las que concurren al Interterritorial. No obstante, la Generalitat catalana fue quien cargó con más dureza contra el nuevo recorte que el Gobierno impone a las comunidades (y en partidas que ya han sido tocadas en Cataluña) mientras se niega a hablar de fórmulas de copago más allá de los medicamentos.
De hecho, de cara al Interterritorial las únicas fórmulas que han sido desveladas están en relación con la modificación del actual copago farmacéutico. Según el responsable de Sanidad y Asuntos Sociales del PP, José Ignacio Echániz, Cataluña quiere extender al resto de España la tasa por receta, mientras que varias comunidades apuestan por el copago por renta.
Las otras fórmulas estarán condicionadas por el efecto en las cuentas regionales de los Presupuestos Generales para 2012. Antes de conocer el recorte extra, el consejero de Economía de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, ya advirtió que el proyecto resta “al menos” 1.800 millones de ingresos a la Generalitat, por lo que afectaría también a la Educación y Sanidad catalana.
La caída del PIB, de la recaudación y de las transferencias tendrá el mismo efecto en el resto de comunidades, aunque no todas se han pronunciado sobre ello. Canarias ha cifrado en más de 700 millones el recorte del Estado para el archipiélago en 2012; y Andalucía deberá recortar 2.500 millones de euros. Nueva pólvora añadida para el Interterritorial.
Antes de que entre en vigor, la reforma sanitaria tiene dos retos inminentes. Por un lado, tranquilizar a la población. El CIS de marzo ya reflejaba que la preocupación por la Sanidad ha subido del 7,1 de febrero hasta un 9,3 por ciento, considerándola así como el sexto principal problema que existe en España. Un año antes, la Sanidad ocupaba el puesto 13.
Más allá, la reforma debe aliviar la presión internacional sobre la economía nacional. España se ha comprometido a aportar a Bruselas todos los detalles de las medidas antes de mayo. La semana pasada, el mero anuncio de recortar 10.000 millones no sirvió para calmar a los mercados y la prima de riesgo alcanzó sus máximos desde que gobierna el PP.
La semana pasada tuvieron lugar en el Congreso nuevos rifirrafes entre el Gobierno y el Grupo Socialista a costa de los recortes en sanidad. La ministra del ramo, Ana Mato, en respuesta al portavoz de Sanidad del PSOE en la Cámara Baja, José Martínez Olmos, volvía a ofrecer a este grupo la posibilidad de sumarse al diálogo para firmar un pacto, pero el PSOE denuncia que no se ha producido ningún acercamiento por parte del ministerio. “No se puede hablar de pacto y no haber dedicado un solo segundo al dialogo, especialmente en el momento en que se esta planteando una profunda reforma de la sanidad”, criticó Martínez Olmos, quien explicó que cuando se habla, “hay posibilidad para el acuerdo puntual o general. Si no se habla, imposible”.
