Mientras continúa la cuenta atrás para que la Generalitat de Cataluña implante la tasa por receta, el consejero de Salud, Boi Ruiz, ha puesto nuevamente a prueba la capacidad de resistencia al cambio del sector sanitario catalán. Su Plan de Salud 2011-2015, que pretende que los médicos de familia sean más resolutivos en la atención de patologías especializadas, no ha sido bien recibido por los afectados, y su propuesta de obligar a los ciudadanos de rentas altas a contratar pólizas privadas solo ha recibido el apoyo del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad.
Las críticas a esta propuesta fueron tan rotundas, especialmente desde los partidos políticos, incluido el PP, que la calificó de “insostenible”, que el ejecutivo de Artur Mas se vio forzado a rectificar, y aseguró que la intención era abrir el debate sobre la construcción de un modelo asegurador “diferente” en todo el país, pero descartó que la propuesta se fuera a aplicar en Cataluña.
La realidad es que, tras el 20-N, la tensión en esta autonomía crece cada día. La semana pasada, las negociaciones entre la Generalitat y los sindicatos sanitarios se rompieron tras el cierre de la mesa sectorial de Sanidad por parte del Instituto Catalán de la Salud, que alegó que no queda “tiempo material” para conseguir un acuerdo mayoritario que pueda ser efectivo este mismo año sobre el recorte salarial de los 40.000 sanitarios que integran la red pública de salud. Por lo tanto, las condiciones de trabajo del personal funcionario y estatutario se discutirán a partir de ahora en la mesa general de la Función Pública, en la que no están presentes los sanitarios.
Las quejas sanitarias han apagado el fuego que provocó la tasa por receta. Con la idea de implantarla desde el 1 de enero, Ruiz ha pedido al futuro gobierno de Mariano Rajoy que se repiense la reducción del precio de los medicamentos “porque cuanto más se bajan también se reducen los ingresos, ya que se mantiene el pago del 40 por ciento”.
