Un nuevo capítulo sobre el enfrentamiento interno en la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Madrid (Icomem). La presidenta del Icomem, Sonia López Arribas; su marido, el capitán de Corbeta de la Armada, Joaquín Ruiz Escagedo, y el ex director general de la institución, Antonio Mora, acudieron el pasado jueves al Juzgado de Instrucción número 50 para declarar como imputados por revelación de secretos.
El juez tomó declaración a los tres imputados después de que siete de los ocho miembros de la Junta Directiva del Icomem presentaran una querella el pasado febrero contra la presidenta y su círculo de confianza después de descubrir que mantenían conversaciones sobre información confidencial del colegio con miembros de la candidatura de Miguel Ángel Sánchez Chillón y con Carlos Amaya, cuando ya no desempeñaba el cargo de asesor (ver GM nº 503).
El caso que más ampollas levantó y que la Junta utilizó como primera prueba fue el descubrimiento de un correo electrónico entre el marido de la presidenta y una de las personas de confianza de Sánchez Chillón, Asunción Rosado, que destapó este periódico (ver GM nº 489). Este mail incluía información sobre la Asamblea de Compromisarios en la que se votó la reforma de los estatutos del colegio. Aquel correo contenía también ataques a la vicepresidenta, Ana Sánchez Atrio, y uno de los compromisarios más involucrados en la reforma estatutaria, Julio González Iglesias, que presentó varias enmiendas.
Ante el conocimiento de este hecho, la Junta optó por acceder al correo corporativo de Mora, después de su cese como asesor del equipo directivo. Tras estudiar sus conversaciones, los siete miembros acusaron en su querella a Ruiz Escagedo de actuar como presidente en la sombra del Icomem.
La declaración se produce en un contexto en el que la Asamblea de la Organización Médica Colegial decidió la apertura de expediente contra López Arribas, Sánchez Atrio y el secretario del colegio, Emilio Villa. La Comisión Central de Deontología sólo recomendó expeditar a la presidenta y aseguraba que tanto la vicepresidenta como el secretario no habían cometido irregularidades en su actuación.
