La empresarial Asociación de Farmacias de Barcelona (AFB) ha solicitado a la junta de gobierno del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona que incorpore dos propuestas nuevas en el orden del día de la junta general extraordinaria que tendrá lugar el próximo 4 de noviembre para debatir las medidas a adoptar ante los impagos por parte de la Generalitat. A este respecto, más de 250 titulares avalaron con sus firmas la solicitud de la AFB, que quiere que sean los propios titulares, y no a través de una junta general extraordinaria, los que decidan las medidas a adoptar y que las mismas cuenten con un informe legal vinculante de la Administración General del Estado.
En este sentido, respecto a la primera peticiones de la AFB, que fue explicada por el presidente de la patronal, Antonio Torres, en una reunión celebrada el pasado lunes 27 de octubre en el Auditorio de Pimec de Barcelona, la empresarial reclama, según lo previsto en el artículo 5.0. de los estatutos colegiales, una convocatoria de reunión de titulares de oficina de farmacia para debatir los puntos admitidos en el orden del día de la junta extraordinaria. “Dado que los titulares propietarios somos quienes ponemos en riesgo nuestro patrimonio y los puestos de trabajo y quienes soportamos la responsabilidad legal de cualquier acción que se desarrolle en nuestras farmacias, consideramos que somos nosotros quienes debemos tomar las decisiones que nos afectan directamente”, señaló Torres.
Sobre este particular, el presidente de la empresarial barcelonesas quiso dejar claro su “máximo respeto a la opinión de los compañeros farmacéuticos que trabajan en otros ámbitos de la profesión (los que pertenecen a otras vocalías, como hospitales, industria, etc.) o en la propia oficina de farmacia (adjuntos y sustitutos)”, pero insistió en que sean “los titulares exclusivamente quienes votemos las medidas a tomar”.
Informe legal vinculante
De igual modo, la AFB considera que la única vía para garantizar la seguridad jurídica de los titulares propietarios ante las posibles consecuencias de cualquier acción que sea llevada a cabo en sus oficinas de farmacia es disponer de un informe legal vinculante, emitido por la Administración General del Estado, sobre las consecuencias legales de una eventual desconexión del sistema de receta electrónica o del cobro a los usuarios del cien por cien del precio de los medicamentos y productos sanitarios financiados por el SNS, medidas que también se han puesto sobre la mesa. Desde AFB, se insiste que es “fundamental” que ambas peticiones salgan adelante, por lo que animó a que a la junta asista el mayor número posible de titulares propietarios de farmacia.
