Primero fueron las explicaciones a los usuarios de las novedades que acarreaba el nuevo copago por renta. Posteriormente, y como consecuencia de ello, fue la gestión manual del documento de dispensación que se creó en Madrid para conocer las aportaciones de los pacientes. Ahora será la implantación del euro por receta la nueva función burocrática que, a partir de enero de 2013, sumarán los boticarios madrileños a su quehacer diario y que, según Alberto García Romero, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, “supone una nueva dedicación en tareas no propias de estos profesionales”.
En este sentido, García Romero recordó que los farmacéuticos son “expertos del medicamento, no recaudadores”, en alusión a su papel en una medida que, precisó, nunca hubiesen recomendado. Tampoco han tenido oportunidad, ya que, según se criticó desde el colegio madrileño, “ha sido una completa sorpresa, de la que fuimos informados al mismo tiempo del anuncio público del presidente de la región, Ignacio González”. Por tanto, ni el fondo ni la forma han gustado en la farmacia madrileña.
Más allá de sus consecuencias en el día a día del farmacéutico, desde el colegio se incide en que es el paciente el principal perjudicado con la implantación de esta tasa impositiva. Por una triple vía. Por un lado, García Romero piensa que “esta tasa, junto al nuevo copago, grava aún más su derecho al medicamento”. Por otro, existe el temor de que el euro por receta genere problemas en la adhesión a los tratamientos en pacientes polimedicados. Por último, añade que el exceso de burocracia “va en detrimento del asesoramiento profesional al ciudadano”.
La financiación, la causa
De igual modo, en el colegio madrileño tienen claro que la decisión de copiar a Cataluña e implantar el euro por receta es consecuencia de la “insuficiente financiación” que Madrid recibe del Estado. Este es el mismo mensaje que les ha transmitido la Consejería de Sanidad y que les hace esperar que si se recibiese la financiación estatal adecuada “el euro por receta desaparecería en menos de 24 horas”, tal y como afirmó Carlos Ibáñez, director general colegial. Para García Romero, “si el objetivo era recaudar se podría haber gravado la asistencia a la consulta médica o las urgencias que no lo sean”.
Eso sí, si pese a ello se mantuviese esta tasa, desde el colegio madrileño se insiste en que solo podría entrar en vigor en el plazo previsto “siempre y cuando estén operativos los sistemas informáticos que permitan conocer los datos exigibles para los topes de aportación fijados”, 72 euros. Cabe destacar que estos sistemas se deberían desarrollar dentro de la receta electrónica que todavía está pendiente de implantar en la mayor parte de la región. El presidente colegial cree que “habría tiempo” para su total desarrollo en estos dos próximos meses.
Por el momento, el colegio solicitó a la consejería que se implante la e-receta “con carácter de urgencia” en poblaciones limítrofes con otras autonomías que no tienen el euro por receta para evitar desplazamientos de pacientes en un intento de eludir esta tasa.
Sefac, también crítica
Por su parte, la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (Sefac) denunció que esta tasa agrava la inequidad en la prestación farmacéutica por extender más barreras al acceso a los fármacos. Para Sefac, esta tasa podría vulnerar algunos de los principios incluidos en normativas estatales y genera un perjuicio evidente a los pacientes madrileños y catalanes que, a diferencia de los habitantes de otras zonas del país, estarán obligados a pagar un dinero adicional por sus fármacos.
Al mismo tiempo, esta sociedad insiste en el error de trasladar una imagen del farmacéutico como recaudador, muy alejada de su perfil profesional de sanitario cualificado. Igualmente, también consideran que establecer la tasa como medida de disuasión “es discutible, pues implica un afán recaudatorio inmediato”.
También desde la patronal farmacéutica madrileña Adefarma se considera que “es el nuevo copago por renta, y no esta tasa, la principal medida que retrae la demanda”, tal y como indicó su presidenta, Alexia Lario. Asimismo, mostró su disconformidad con la imagen de recaudador que se otorga al farmacéutico. “¿Por qué no se cobra esta tasa desde los centros de salud?”, se cuestionó Lario.
