Quien no se consuela es porque no quiere. Por eso, ante las actuales reticencias de la administraciones a retribuir nuevos servicios ofrecidos por las farmacias, hay quien, para que no cunda el desánimo con su desarrollo, recuerda que su implantación también acarrea réditos paralelos, como la fidelización de pacientes, que, a su vez, permitiría obtener a medio y largo plazo beneficios económicos indirectos con los que contrarrestar el ‘todo gratis’.
Esta argumentación pierde contundencia si se aplica al conjunto de boticas ubicadas en pequeños municipios, donde bien podría decirse que sus pacientes son todos los que están y están todos los que son. Por ello, el futuro de una cartera de servicios en farmacias rurales pasaría “sí o sí” por su retribución. “Más allá de que la delicada situación económica de estos establecimientos no permite regalar nada, además de que la implantación de una cartera genera costes, la despoblación y envejecimiento de los pueblos nos impide tener capacidad de crecimiento; no hay renovación de pacientes”, indica Francisco Guardia, secretario del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Toledo y boticario en el municipio de Rielves (800 habitantes).
Guardia defendió estos argumentos en la mesa redonda ‘Cartera de servicios: ¿es factible su implantación en el medio rural?’ celebrada en las II Jornadas Nacionales de Farmacia Rural que organizó la sociedad del ramo (Sefar) el 15 de marzo en Madrid, y en la que también participó Guadalupe González, vocal de Farmacia Rural del COF de Guadalajara, quien recordó que “los boticarios rurales realizamos día a día atención farmacéutica de manera gratuita”.
Aunque todo el sector reclama el pago de estos servicios añadidos, independientemente de la ubicación de la farmacia, parece claro que se revela más necesario en el caso de las farmacias rurales. Una vez cerrado este debate, surge otro: ¿quién debe ser el pagador? En este sentido, la profesión viene situando en escena a diversos agentes: administraciones, aseguradoras o pacientes. Sin embargo, las particulares características del medio rural obligan a reducir la terna de candidatos. Al menos, excluir a alguno de ellos. “Nuestros pacientes son ciudadanos mayores sin capacidad adquisitiva. Debería ser la Administración quien pagase por los servicios asistenciales, pero dentro de un modelo mixto de retribución”, opinó el secretario del COF de Toledo.
Por su parte, González corroboró que “muchos de nuestros pacientes no se lo podrían permitir”, por lo que animó a una mayor implicación en proyectos asistenciales por parte de “consistorios locales y diputaciones provinciales”. En su provincia, ya hay corporaciones que predican con este ejemplo, como los ayuntamientos de Quer y Trillo, que retribuyen a sus boticas por programas de preparación de sistemas personalizados de dosificación (SPD) a determinados colectivos de residentes.
En el marco de las II Jornadas Nacionales de Farmacia Rural, el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, recogió el I Premio al Compromiso con este colectivo, con el que Sefar quiso agradecer a la consejería diversas iniciativas, como la puesta en marcha en 2011, de forma pionera en España, de las ayudas económicas a boticas VEC, o el nuevo decreto regional de guardias que flexibiliza estos servicios. El presidente de Sefar, Javier Guerrero, entregó el galardón a Echániz en presencia de Carmen Peña, presidenta del CGCOF, y Rosa López, su homóloga del Consejo Manchego de Farmacéuticos (Cofcam).
