El copago no es una solución a la sostenibilidad del sistema sanitario público español. No lo es según algunos expertos, ni lo es según los ciudadanos. Así lo pone de manifiesto una investigación del Centro de Estudios Andaluces que analiza las opiniones y actitudes de la población andaluza en torno a los servicios sanitarios, y que señala que existen otras vías que no se han explorado para ayudar al sistema sanitario público con sus problemas de solvencia, como son el cambio fiscal (aumento de ciertos impuestos y la lucha contra el fraude fiscal) o la mejora de la gestión.
La opinión más extendida entre los 1.200 entrevistados durante el estudio indican que el copago, en general, es un nuevo coste para las familias, pero no progresivo por nivel de renta sino progresivo por nivel de enfermedad, y por tanto, a todas luces inequitativo e injusto. No obstante, no es posible generalizar estas opiniones. El trabajo, que se comenzó a realizarse poco después de aprobarse el copago farmacéutico por renta, arroja una valoración muy dispar: mientras que para un 22 por ciento la modificación del PP no era ni positiva ni negativa, un 39,7 por ciento la consideró positiva o muy positiva, frente a un 34,5 por ciento que la calificó negativa o muy negativa. Fueron fundamentalmente las personas mayores, los jubilados o pensionistas que antes no pagaban, los que valoran peor la modificación del régimen de aportación de los medicamentos.
Los “abusadores” del sistema
Quizá la respuesta a esta conclusión esté en la concepción de los pacientes como “abusadores de los servicios sanitarios”. Esta concepción está muy extendida entre la población encuestada, que de forma general piensa que “hay ciudadanos que abusan del sistema acudiendo al médico de familia o a urgencias sin necesidad”. También se cree que son bastantes los ciudadanos que utilizan los recursos de forma “irresponsable”, señalando principalmente a las personas mayores como los “grandes estafadores”, según señala el informe. Otro punto de vista apunta a que serían los propios profesionales los que han creado una “cultura medicalizada que conlleva una sobreutilización (que no abuso) de los servicios sanitarios por encima de lo realmente necesario”.
Desde este punto de vista, la existencia del copago podría servir, en opinión de los encuestados, para que las personas no acudan a los servicios sanitarios si no los necesitan realmente, asumiendo que los pacientes tienen un conocimiento experto que les hace saber con seguridad cuando una consulta es totalmente necesaria y cuando no. Es esta una visión muy extendida, que además tiene su punto de apoyo en algunos de los expertos que consideran que se tiende a desperdiciar aquello que no tiene un coste en el momento de su uso.
Sin embargo, esta conclusión queda anulada cuando se analizan los temas que más preocupan en torno al copago sanitario. El primero de ellos es su influencia en la equidad del sistema sanitario. Los ciudadanos creen que un sistema de copago grava al más enfermo y más aún al que menos recursos económicos tiene, con lo que se produce un doble gravamen, que afecta a los más pobres y más enfermos. Esto se origina además porque las personas que tienen menos recursos también van a ser las que decidan, ante un precio dado, no hacer uso de los servicios sanitarios, a pesar de que es posible que esta conducta sea perjudicial para su salud. También opinan que el copago es un sistema que perjudica sobre todo a jubilados y enfermos crónicos, y que generaría desigualdad social en el caso de implantarse, porque además hará que las personas con menos ingresos utilicen menos los servicios sanitarios. Todas estas cuestiones obtienen porcentajes por encima del 50 por ciento.
La segunda preocupación se relaciona con quién determina la demanda. “¿Qué sentido puede tener implantar un sistema de copago sanitario para que los pacientes utilicen menos los servicios si es el médico el que decide la mayor parte de las actuaciones que el paciente debe realizar?”, concluye el informe.
Con todo, solo un 9 por ciento de los encuestados considera que una forma de ayudar a solucionar los problemas económicos de la sanidad pública sería a través del copago de los servicios. La gran mayoría apuesta por aumentar los ingresos a través de la lucha contra el fraude y por reducir el gasto mejorando la gestión sanitaria.
El modelo anterior era profundamente injusto, pero la reforma que se ha dado no es la más adecuada”El sistema generaba problemas de oportunismo porque los pensionistas les sacaban fármacos a hijos y a nietos”¿Hasta qué punto es constitucional que un farmacéutico o un médico sepa mi nivel de ocupación y renta?”
