Las asambleas, con carácter urgente y extraordinario, de los colegios de farmacéuticos de Valencia y Castellón dieron luz verde para la presentación de un recurso contencioso-administrativo contra las instrucciones dadas por la dirección general de Farmacia de la Comunidad Valenciana que dirige José Luis Trillo sobre la dispensación en centros de atención primaria de fármacos antipsicóticos, tratamientos para la artritis reumatoide y vacunas para la alergia. Por su parte, los farmacéuticos de Alicante deberán pronunciarse en asamblea y decidir si se unen a sus compañeros valencianos y castellonenses y llevan también a los tribunales a la dirección general de Farmacia autonómica.
A este respecto, la presidenta del COF de Valencia, María Teresa Guardiola, destacó que estas instrucciones “son contrarias a la legalidad estatal” ya que la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos establece que la función de dispensación de los medicamentos corresponde a las oficinas de farmacia y a las farmacias de hospital, en ningún caso a los centros de salud. Asimismo, señaló que estas instrucciones, publicadas un día después de la reunión de la Comisión Bilateral que tiene por objeto negociar la modificación de los puntos más conflictivos que contiene el Decreto-Ley 2/2013, “se han adoptado sin audiencia a los profesionales” y están amparadas en dicha normativa que precisamente ahora se está intentando reconducir.
De igual modo, subrayó que “se trata de una medida económica y no sanitaria”, que prescinde de la dispensación del farmacéutico y de la atención farmacéutica, y destacó que la medida “no va a suponer un ahorro sino que va a generar más gasto”, puesto que tendrá que habilitarse una estructura nueva que permita el transporte y almacenamiento de estos medicamentos, lo que implica un gran coste. Además, cabe tener en cuenta que se pierde la aportación del paciente al medicamento.
Igualmente, Guardiola expuso que en la nueva orden no se establece cómo se va a realizar el servicio de transporte al centro de salud, ni cómo se a custodiar y almacenar los medicamentos, por lo tanto no se garantiza de ninguna manera que estos procesos se realicen de forma correcta.
En la asamblea también se decidió la retirada inmediata de las instrucciones, encargar a los servicios jurídicos el estudio de acciones jurídicas para exigir responsabilidades personales que procedan al director general de Farmacia, así como la puesta en marcha de movilizaciones.
Decálogo
Por otro lado, el COF de Valencia facilitó a sus colegiados un decálogo de instrucciones acerca de las instrucciones de la dirección general de Farmacia. Un decálogo que señala que las instrucciones son contrarias a la legalidad estatal; que se amparan en un decreto-ley inconstitucional; que contradicen el marco de la comisión bilateral; que son contrarias al derecho de la UE; que se han adoptado sin publicidad ni audiencia de los profesionales sanitarios; que se han adoptado sin tener competencia para ello; que se trata de una medida económica y no sanitaria; que se dificulta la accesibilidad del paciente al medicamento; que se prescinde de la atención farmacéutica; y que no existen garantías en la fabricación, transporte y almacenamiento.
