La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) ha recalcado la necesidad de generar el máximo consenso posible entre la Administración, los profesionales sanitarios y los pacientes de cara a conseguir la mayor efectividad en la revisión del nomenclátor. En este sentido, considera que el desarrollo de la norma debe necesariamente acompañarse de un procedimiento común de aplicación en las distintas comunidades autónomas para evitar mecanismos dispares en la financiación de las excepciones contempladas en la misma.
No son las únicas matizaciones que los médicos de familia lanzan sobre la desfinanciación. También creen que la resolución debe garantizar que los fármacos incluidos en ella no pasen en breve tiempo a fármacos sin receta, tal y como sucedió con la desfinanciación de 1995. Esta situación facilitaría, según la SEMG, “el uso indiscriminado de fármacos como por ejemplo la loperamida, antidiarreico opiáceo, cuyo uso puede ocasionar agravamiento de la patología infecciosa invasiva intestinal o enmascarar síntomas de cuadros neoplásicos en el colon”. Tampoco parece coherente, a su juicio, excluir de la financiación la codeína, fármaco de la familia de la morfina, incluido por el Comité de Expertos de la OMS en la Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la OMS.
Por último, los facultativos resaltan que la puesta en marcha de la resolución no puede privar a la población con menores recursos económicos de herramientas terapéuticas habituales en la resolución de cuadros banales. “Para estos pacientes, la adquisición de fármacos que mejoren estos cuadros no será una prioridad por motivos económicos y ello complicará la resolución de los mismos y podría generar situaciones clínicas más graves” alerta la SEMG.
