El ‘I Foro Sefar.Conversaciones sobre botica’ celebrado este 18 de abril en Madrid tenía como objetivo que los representantes de los principales partidos políticos (PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos e IU) debatieran sobre la problemática que afecta a la farmacia rural y sus posibles soluciones. Y así se hizo. Pero, tanto monta, también salió a colación la necesidad de afrontar un cambio de modelo retributivo de las oficinas de farmacias. Una modificación en el que toda la plana política parece estar de acuerdo. Incluso, para algunos ese nuevo sistema retributivo —independiente total o parcialmente del precio del medicamento— sería precisamente el ‘salvavidas’ de la farmacia rural, mientras que para otros la viabilidad a corto plazo de estas farmacias pasa por “profundizar” en medidas particulares ya existentes para estos establecimientos, como el RDL 9/2011 (y, en concreto, la aplicación de un índice corrector a las boticas de baja facturación).
Como contribución a las hemerotecas, dejemos aquí constancia que José Ignacio Echaniz, secretario ejecutivo de Sanidad del PP, cuestionó en este foro si “¿tiene sentido que la retribución de la farmacia dependa de un porcentaje del margen? Hay que acometer una modificación del sistema retributivo de todas las farmacias”. También José Martínez Olmos, portavoz de Sanidad del PSOE en el Senado, reflejó que en su formación “estaríamos dispuestos a pagar por servicios dentro de un modelo retributivo diferente”.
Incluso, esos necesarios cambios hacen converger a los que se autodenominan ‘nueva política’ con los que tildan de ‘vieja’. “Hay que desmercantilizar este modelo y dar más peso a lo sanitario, pagando en función del servicio y no del acto”, espetó la responsable de Sanidad de Podemos, Ana Castaño. Por su parte, Fernando Navarro, portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Sanidad del Congreso, también ve “imprescindible” un cambio del modelo de financiación de las boticas. Y José Andrés Llamas, secretario de Salud de IU Unidad Popular en la Asamblea de Madrid, más de lo mismo: “las farmacias deben dejar de depender tanto de la receta pública”.
Sin embargo, todo lo que ha unido esa coincidencia en torno a acometer cambios en el modelo retributivo, se separa al hablar de fechas: el cuándo. Por ejemplo, para el portavoz de Ciudadanos hay que llevarlo a cabo “cuanto antes”. Mientras, Martínez Olmos (PSOE), nunca sería a corto plazo por las dificultades que genera alcanzar un consenso de este calado “no solo a nivel político sino también con el propio sector”. No obstante, Castaño (Podemos) sí tiene esperanza que “pueda ratificarse en un acuerdo político próximo” y, puestos a seleccionar, empezaría las pruebas del nuevo modelo en la farmacia rural, la que considera más necesitada del cambio.
De vuelta a la farmacia rural, Javier Guerrero, el presidente de la Sociedad Española de Farmacia Rural (Sefar) reclamó a los representantes políticos medidas que garanticen la supervivencia de estos establecimientos y que vayan más allá de las aportaciones que reciben las votivas VEC. “Los boticarios rurales no pueden estar mirando constantemente sus números rojos mientras que salvaguardan un modelo”. No es cuestión de mantener a este colectivo, sino “sí asegurar que pueden cubren los gastos fijos por la apertura y que los ingresos netos alcancen a los que obtiene un farmacéutico de atención primaria”, apunta Guerrero.
¿Cómo conseguirlo? Aunque son los políticos los que tienen capacidad legislativa, desde Sefar se apunta en aumentar 0.5 punto los recursos que emplea el SNS en las boticas rurales, y que actualmente apenas abarcan el 1 por ciento del total (principalmente, en la aplicación del índice corrector a boticas VEC). En cifras, ese aumento hasta el 1,5 por ciento del total de los gastos del SNS apenas sería en torno a los 40 millones de euros, un ‘pequeño’ paso para el sistema, pero un ‘gran’ paso para el colectivo de rurales (que conforman el 4’3 por ciento de la red nacional). “No solo se garantizaría su viabilidad, sino que podrían implantar una cartera de servicios para responder a las necesidades que requieren los municipios donde su ubican”, cree Guerrero.
