Pese a que España tiene un sistema de ‘patente fuerte’, existe una laguna que mantiene en jaque a la industria innovadora. El hecho de que no exista un plazo definido para la solicitud de financiación y precio de un nuevo medicamento genérico durante el periodo de vigencia de las patentes supone una amenaza para las compañías innovadoras, conocedoras de que el dictamen del Ministerio de Sanidad es definitivo para la inclusión de estos productos en el nomenclátor. Esta situación a su vez posibilita su uso para la creación de agrupaciones homogéneas y, en última instancia, supone un efecto sobre el precio del medicamento original.
El problema se resolvería con el cruce de datos entre el ministerio y la Aemps, o con la simple identificación en el nomenclátor de los productos no comercializados. Eso mismo fue lo que pidió Victoria Fernández, directora del departamento legal de Janssen, durante el curso de Patentes y Estrategias de Protección organizado por Meisys. “El hecho de que esto no se haga parece indicar que el Gobierno está utilizando esta confusión para obtener ahorros adicionales”, denunció.
Otra solución al alcance de las compañías es la solicitud de la suspensión cautelar del genérico autorizado antes de la expiración de la patente. Moisés Ramírez, director legal de Teva, reconoció que es una práctica a la que recurre su compañía en algunos casos y afirmó que, habitualmente, “la intención de las compañías de genéricos es la de estar posicionadas ante una inminente expiración, no la de infringir patentes”.
En caso de que el que tenga que instar a la suspensión cautelar sea el laboratorio innovador, los problemas se reproducen. Como recordó la responsable de Janssen, la ley obliga a instar a la suspensión contra todas las compañías, una por una, lo cual parece innecesario. Además, reconoció que a veces se encuentran con casos en los que el genérico pide precio años antes del fin oficial de la protección, lo cual hace que sean dudosas las buenas intenciones de sus competidores.
Pese al desacuerdo en este punto, los representantes de ambas compañías coincidieron en señalar la necesidad de blindar la innovación mediante un sistema apropiado de patentes. Como apuntó Fernández, “la innovación farmacéutica es cara, arriesgada y requiere tiempo”, por lo que la industria necesita estímulos para poder seguir investigando.
Entre las posibilidades con las que cuentan las compañías de genéricos para contribuir a la calma del sector innovador está la declaración de un compromiso de no comercialización, el cual tiene que ser presentado ante la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), que es la encargada de invalidar la autorización para la venta de dicho producto. Además de eso, las compañías pueden hacer uso de la comunicación directa. Tanto Moisés Ramírez como Victoria Fernández, directores legales de Teva y Janssen, respectivamente, reconocen haber levantado el teléfono en alguna ocasión para ponerse en contacto con el competidor para dar a conocer, el primero, o asegurarse, la segunda, de las intenciones reales del otro.
El problema, como ha quedado patente, es que el tercero en discordia, la Administración, es el órgano ejecutor y parece que hasta ahora no ha demostrado una seria voluntad de poner fin al desaguisado.
