Los estados miembro de la UE llevan años enfrentándose, sin éxito, al dilema de reconciliar sus políticas farmacéuticas a corto y largo plazo, o dicho de otro modo, buscando la manera de controlar el gasto farmacéutico y apostar por la aplicación de incentivos que permitan a Europa constituirse en un mercado importante y en una región que apuesta por ofrecer retornos justos que aseguren el futuro de la I+D farmacéutica. Aplicar precios diferenciales podría reconciliar ambas políticas, según el estudio ‘European Union Pharmaceutical Markets: A case for Differential Pricing?’. No obstante, requiere de un amplio compromiso político y, según la opción que se escoja, un giro a dos de los instrumentos que hoy caracterizan al mercado farmacéutico europeo: el comercio paralelo y el Sistema de Precios de Referencia Internacional (SPRI).
“¿Qué quiere Europa? ¿Convertirse en la región con los precios más bajos o incentivar la I+D? Es importante que los gestores y los pagadores digan explícitamente lo que quieren y no jueguen a dos bandas”, explica Jorge Mestre-Ferrándiz, director de Consultoría de la Office of Health Economics y uno de los autores del estudio, elaborado también por Adrian Towse, Michele Pistollato, Zeba Khan, Satyin Kauray Louis Garrison y publicado en el International Journal of the Economics of Business.
Apostar decididamente por una política de precios diferenciales permitiría, según el estudio, asegurar que los precios reflejan el valor para cada pagador, por un lado, y recuperar los gastos de I+D, por otro. De hecho, en otros mercados los precios diferenciales son algo muy común, incluso en el mercado europeo, como vía de asegurar el retorno para las empresas. Ciertamente, por sus características y por el hecho de que su principal comprador son los sistemas de salud, los productos farmacéuticos no son comparables al resto de bienes, pero la base económica es parecida a aquellos mercados en los que los gastos de I+D son considerables. “Incluso obviando el referente a otros sectores, los precios diferenciales sí que intentan reconciliar los efectos a corto y largo plazo”, insiste Mestre-Ferrándiz.
Tampoco hay que olvidar, según este experto, que los precios de los medicamentos son solo “una pata del retorno” a los laboratorios. El que se está registrando es un problema de evidente descompensación entre las políticas a corto y largo plazo. Es obvio que por un lado está el volumen y el gasto, pero son las políticas industriales de incentivo de la I+D las que están en el lado bajo de la balanza. “No todo —remarca— debería recaer en los precios”.
Tres propuestas
La solución para conectar ambos objetivos no es sencilla. El estudio propone tres maneras de hacer realidad los precios diferenciales en Europa, que en la práctica implicarían distintos grados de centralización en el enfoque.
La primera pasa por un un ‘enfoque centralizado’, o un precio único europeo sobre el que luego se apliquen descuentos o rebajas a nivel país. Si se alcanzara un acuerdo para respetar este precio único y los descuentos, no sería necesario que esta información fuera confidencial, como ocurre ahora. Pero los autores reconocen que esta aproximación no es muy factible, por sus implicaciones. “El comercio paralelo es legal en la Unión Europea y no sé si los países estarían dispuestos a dejar de controlar sus precios a través del Sistema de Precios de Referencia Internacional”, reconoce Mestre-Ferrándiz.
La segunda vía sería la integración de países en distintos niveles, lo que dibuja un enfoque medio en cuanto al grado de centralización y el principal escollo, según los autores, para que esta apuesta funcione. “Todo lo que implique una Europa a dos velocidades no tiene mucha fuerza”, reconoce Mestre. A ello se suma el que, obviamente, su éxito solo pasa por limitar el comercio paralelo y el SPRI, ya que de lo contrario volverían los problemas actuales, donde los precios más bajos de un bloque de países determinan los flujos de fármacos hacia países de otro bloque en el que los precios son más altos y la referencia de precios, por parte de éstos, vía el SPRI.
La tercera vía, y aquella por la que más se decantan los autores, implica ir hacia un enfoque totalmente descentralizado. Bajo este modelo, cada país determinaría su umbral de coste efectividad basándose en la disponibilidad a pagar de los ciudadanos y en el nivel de renta. Para que esta propuesta de ‘precio diferencial basado en valor’ funcione sería necesaria una transparencia en procesos para que los umbrales queden claros, pero no en precios. Para seguir haciendo frente a los impactos que generan tanto el Sistema de Precios de Referencia Internacional como al comercio paralelo de medicamentos, seguirían siendo necesarios acuerdos confidenciales entre la empresa y el país a la hora de determinar si hay descuentos o no.
La palabra ‘transparencia’ ha adquirido un valor fundamental en relación al sistema farmacéutico. Jorge Mestre-Ferrándiz insta a distinguir entre dos tipos de transparencia a la hora de afrontar el debate: transparencia en procesos y transparencia en precios. Este experto es partidario de una “transparencia total” en el primer caso. Los criterios bajo los que actualmente se rigen los sistemas nacionales para financiar un medicamento y fijar sus condiciones de reembolso, aunque puedan estar claras en la teoría, no lo están tanto en la práctica.
Pero, ¿y en precios? Mestre-Ferrándiz reconoce que existe un problema a tener en cuenta para responder a esta pregunta, y es la existencia de un “sistema perverso a la hora de regular medicamentos de marca bajo patente donde el Sistema de Precios de Referencia Internacional tiene impacto global”. Este sistema de referenciación existe a pesar de que los estados miembro de la Unión Europea mantienen un amplio diferencial de renta per capita. Varios estudios, en este sentido, demuestran que los distintos procedimientos de precios y reembolsos conllevan importantes diferencias en materia de acceso. Para Jorge Mestre-Ferrándiz, la escasa transparencia que puede darse actualmente en relación a los precios es, no la solución, pero sí la manera de “minimizar” en la práctica el impacto del Sistema de Precios de Referencia Internacional.
