Es difícil cuantificar ciertos costes que generan los impagos de facturas farmacéuticas por parte de las administraciones. Así, es difícil cifrar los perjuicios que originarían en el paciente posibles desabastecimientos de medicamentos por este motivo o bien poner números a la incertidumbre que generan en los profesionales. En cambio, sí es posible cuantificar los costes adicionales que originan a las propias administraciones. Por ejemplo, los constantes incumplimientos en sus obligaciones de pago desde 2008 le han supuesto a la Generalitat valenciana un coste ‘extra’ de 17 millones de euros. Por el momento.
Son los tribunales los que hacen crecer las ‘cuentas’ de las deudas por impagos al reconocer el derecho de los farmacéuticos a recuperar intereses de demora generados por dichos impagos. La semana pasada, el juzgado de lo Contencioso número 1 de Valencia falló a favor de la demanda presentada por 638 titulares valencianos y condenó a la Generalitat a pagar 7.600.000 euros en concepto de intereses generados por los retrasos en el abono de facturas en 2012 y en aplicación de la Ley de Morosidad. Meses antes, este mismo juzgado obligó a pagar intereses a boticarios valencianos y de Castellón por un total de 7,8 y 2,2 millones de euros, respectivamente, por impagos entre 2008 y 2011.
Por su parte, los farmacéuticos alicantinos también creen que los fallos de los pleitos que también tienen presentados ante este juzgado “están a punto de salir”, según vaticina la presidenta de su colegio y del Consejo Valenciano de Colegios de Farmacéuticos, Fe Ballestero. En el caso alicantino, Ballestero recuerda que “se ha presentado ya el cuarto pleito referente a los meses que quedaban por reclamar por vía judicial, incluidos los intereses de la deuda que se cobró a través del mecanismo del Plan de Pago a Proveedores”.
Llombart ‘reprocha’ que reclamen
En el seno de la consejería de Sanidad valenciana no ha sentado bien que sus farmacéuticos busquen amparo en los tribunales. Aunque su titular, Manuel Llombart, reconoce que lo estipulado en la Ley de Morosidad les faculta para ello, el pasado 15 de octubre reprendía públicamente al colectivo de farmacéuticos valencianos por abrir esta vía.
En concreto, Llombart pidió a los boticarios “otra actitud” a tenor del “enorme esfuerzo” que a su juicio está realizando la Generalitat para abonar las facturas (las cuales se liquidan con treinta días de retraso adicional al plazo que fija el concierto regional). “El esfuerzo que está haciendo la administración valenciana por intentar pagar de una forma adecuada a este colectivo está siendo muy alto y su actitud podría ser otra”, indicó el consejero. La respuesta de la profesión farmacéutica fue inmediata: “Nuestros políticos también deben reconocer el esfuerzo que hacen los farmacéuticos adelantando el dinero de las medicinas”, indica Jaime Giner, presidente del COF de Valencia.
Según los cálculos del colegio valenciano, todavía se les ‘debe’ 14,2 millones de euros por intereses de 2013 y 2014 (en el cómputo desde 2008, una media de 45.000 euros por botica). No obstante, la Generalitat tiene la opción de recurrir esta última sentencia que le obliga a abonar 7,6 millones de euros, al igual que hizo con los fallos precedentes. “Si la abogacía de la Generalitat entiende que cabe recurso, se recurrirá, y, si no, se acatará”, indica Llombart. Todo indica que sí lo hará, ya que esta actuación le saldría ‘gratis’ al estar exentas las administraciones regionales de abonar tasas en apelaciones o recursos a sentencias. “No nos gusta que se haga uso de esa potestad para dilatar los pagos de estos intereses, que es el único objetivo que tienen estos recursos”, dice Giner.
Batalla judicial, ¿batalla ganada?
No solo en Comunidad Valenciana se encuentran casos semejantes. El pasado mes de junio el Tribunal Superior de Justicia de Baleares reconoció el derecho de los farmacéuticos de esta comunidad a recibir 520.000 euros del gobierno regional en concepto de intereses de demora generados por los impagos de las facturas de mayo, junio y julio de 2011 (36 millones de euros).
Ejemplos como estos confirman que cuando los profesionales acuden a la justicia en el intento de que le sea reconocido este derecho, la Justicia les ampara. En este sentido, los propios boticarios baleares están a la espera de conocer la resolución a otro litigio en el que reclaman intereses por los impagos de otras dos facturas de 2011.
También el Consejo Catalán de Colegios de Farmacéuticos tiene presentado ante el Tribunal Superior de Justicia regional un recurso contencioso- administrativo contra la resolución del CatSalut, que desestimó la reclamación de intereses por impago de recetas desde agosto de 2011 a octubre de 2012 (12,4 millones y, subsidiariamente, otros 6,2 millones de euros).
A pesar del presumible éxito que asegura la vía judicial, los colegios farmacéuticos optan por agotar antes la vía diplomática, que pasa por reclamar estos intereses a sus administraciones regionales (con nulo éxito hasta ahora). La consejería de Sanidad valenciana tiene sobre la mesa tres reclamaciones colectivas (dos de Valencia y una de Castellón) sobre los intereses de los impagos de 2012 y 2013, al igual que ha hecho el Consejo Catalán de COF con el CaSalut respecto a las facturas de 2013 y del primer trimestre de 2014.
