La Consejería de Sanidad de Madrid no tiene previsto intervenir ni en la fijación de precios ni en las acreditaciones de la decena de nuevos servicios profesionales que, en virtud de un acuerdo al respecto alcanzado recientemente con el Colegio Oficial de Farmacéuticos regional, podrán implantar próximamente sus boticas. Unos servicios entre los que se incluyen los sistemas personalizados de dosificación (SPD), control del asma, detección precoz de diabetes e hipercolesterolemia, entre otros, cuya retribución y acreditaciones a conseguir para su prestación quedarán “a criterio del colegio farmacéutico”, según ha señalado José Ignacio Tejerina, subdirector general de Ordenación de la Consejería de Sanidad de Madrid, en una jornada informativa celebrada este jueves 14 de noviembre.
Tejerina ha justificado este dejación en que la Administración regional “no tiene capacidad legal” para la fijación de los precios que deben tener estos futuros servicios, si bien espera que los mismos “tengan un coste acorde al mercado”. Respecto a la formación y acreditación a exigir a los farmacéuticos que opten por ofertar estos servicios a sus pacientes, el subdirector general de Ordenación también ha confirmado que quedará a criterio colegial. “Los controles que se ejerzan desde la consejería serán a posteriori y los habituales en este tipo de establecimientos, o bien en respuesta a posibles reclamaciones de los usuarios”.
En esta misma jornada celebrada en la sede colegial, Carlos Raposo, subdirector general técnico-profesional del COF de Madrid, ha confirmado que la preparación de SPD será el primer servicio que se convertirá en realidad dentro del catálogo acordado con la consejería, en el que se incluyen más de 40 posibles nuevas responsabilidades de las farmacias en beneficio del paciente, con una decena de ellos más factibles de ser implantados a corto plazo. Serán los propios pacientes que quieran beneficiarse de ellos, o sus aseguradoras, quienes paguen sus costes ya que, cabe recordar, el consejero de Sanidad regional, Javier Fernández-Lasquetty, confirmó recientemente que la Administración no sería en ningún caso el pagador de los mismos.
