“¿Por qué cualquiera de nosotros sí podemos ser propietarios de un hospital o una clínica dental, y no podemos serlo de una oficina de farmacia?” Con este planteamiento, entre otros, daba la bienvenida el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín, la jornada de debate sobre el informe pro-liberalización elaborado por este organismo que ha tenido lugar este 2 de diciembre en Madrid. Una jornada en la que se ha confirmado el ‘plantón’ a Competencia por parte del Ministerio de Sanidad y Farmacia (tanto Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y, en última instancia, la patronal nacional FEFE). A pesar de la inclusión de estas entidades en el programa inicial del evento, no ha habido representación alguna en él, lo que ha generado las críticas de Mateo Silos, subdirector de Análisis Económico de su Departamento de Promoción de la Competencia, apuntando especialmente al Paseo del Prado 18: “La peor defensa que se puede hacer de una normativa así en este sector es no acudir a esta cita”. Sí ha habido representación, en cambio, de las organizaciones de consumidores (a través de Facua), que han defendido los beneficios del modelo farmacéutico regulado actual.
En esta jornada, además de desglosarse las principales recomendaciones y conclusiones liberalizadoras del informe publicado el pasado mes de octubre —a saber: suprimir la exclusiva de boticas en manos de farmacéuticos, no colegiación obligatoria, salida de OTCs de la farmacia, etc.—, el presidente de Competencia ha criticado “por qué se garantizan facilidades espaciales que además son transmisibles— en alusión a la ordenación farmacéutica existente en España. Si bien desde este organismo consultivo aseguran “ser conscientes de las peculiaridades del mercado de la salud, la necesidad de garantizar la seguridad de los pacientes y la accesibilidad al medicamento”, consideran no obstante que “eso no significa que el ciudadano pueda beneficiarse de un modelo más competitivo”.
Sobre ello, Laura Romero, técnica de la Subdirección de Estudios e Informes de Competencia, considera que “el actual modelo de farmacia español no es necesario para garantizar una adecuada asistencia farmacéutica a la población”, Más drástico es su parecer respecto a que “ser técnico en Farmacia ya es suficiente para garantizar la calidad de la dispensación”.
Ante la falta de defensores ‘desde dentro’ de las ventajas que aporta el actual modelo farmacéutico nacional, esta ‘defensa’ del mismo ha provenido de Jordi Castilla, miembro del gabinete jurídico de la organización de consumidores Facua. Castilla ha recordado que “la sensación del consumidor/paciente sobre el modelo es altamente positiva y el papel de las farmacias van más allá de la venta de un bien como es el medicamento, en especial en el asesoramiento profesional”. Sobre la posible liberalización —parcial o total— del modelo (prácticamente monotema en esta jornada), el representante de Facua considera que “podría banalizar el medicamento” y ha enfatizado en que la liberalización implantada en otros sectores relacionados con el consumo “no ha traido consecuencias positivas”.
Por el contrario, Miguel de la Mano, vicepresidente ejecutivo de Compass Lexecon y otra miembro del Departamento de Mercado Interior de la Comisión Europea, ha defendido que la liberalización “aumentaría la oferta de servicios extra de las farmacias” y ha confesado que en el seno de Mercado Interior de la CE “fue sorpresa para muchos, entre ellos yo, que el Tribunal Superior de Justicia de Luxemburgo justificase las restricciones en materia farmáceutica” en aras de la protección de la salud pública”
En esta jornada también ha participado Joan Ramón Borrell, profesor en la Facultad de Economía y Empresa de Barcelona, considera que una de las mayores restricciones de entrada al mercado de distribución minorista de medicamentos es la propia “retribución de la farmacia, y, en concreto, las excesivas retribuciones de muchas farmacias”. Su apuesta pasa por copiar modelos farmacéuticos como el británico o el holandés “porque ponen la prestación pública en el centro”. Como mal menor a juicio de Borrell también sería interesante el modelo alemán ya que, “reserva la propiedad pero permite la libertad de entrada”.
