Industria, distribución y farmacia discuten la forma en la que aplicar las deducciones
El Ministerio de Sanidad debe adoptar una decisión al respecto antes del 1 de junio
J. Nieto
Madrid
Una de las medidas de recorte del déficit público recogidas en el RDL 8/2010, la que más afecta al sector y la que ha abierto un ‘campo de batalla’ entre los diferentes eslabones de la cadena del medicamento, es la que se establece su artículo 8.1: “Las oficinas de farmacia aplicarán en la facturación de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente que se dispensen con cargo a la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud (SNS) una deducción del 7,5 por ciento sobre el precio de venta al público de estos medicamentos”. Es ahí dónde surge una pregunta: ¿qué pasa con la receta privada?
Las recetas privadas, es decir, las que no se cargan al SNS, representan sobre un 8,5 por ciento del total de las facturadas. Un montante de unos 80 millones de euros que, según el RDL 8/2010, no estarían sujetas a ese descuento del 7,5 por ciento que sí debe aplicar la farmacia, como último eslabón de la cadena, a las comunidades autónomas en esos fármacos con cargo al SNS. Ahí es donde surge el problema ya que, ¿qué agente de la cadena del medicamento se beneficiaría de esos 80 millones de euros no sujetos a descuento?
El problema radica en que las farmacias no están obligadas a realizar el descuento del 7,5 por ciento aprobado por el Gobierno en las dispensaciones de recetas privada ni en la venta sin receta. Entonces, ¿se favorecerían sólo las oficinas de farmacia de esa ventana de 80 que deja abierta la redacción del RDL 8/2010?
A tenor de la postura adoptada por Farmaindustria, parece que no. Esta parte no tiene la misma visión del partido. “De ningún modo puede admitirse que se obligue al laboratorio a aplicar su parte de deducción en el cien por cien de las ventas, pues, si así fuera, la farmacia se estaría apropiando indebidamente de la deducción en los productos que acabarán en el mercado privado”, señalan.
Escenarios posibles
¿Qué escenarios hay? Todos los agentes de la cadena del medicamento tratan de buscar una solución para determinar la forma de aplicar esos descuentos y que ésta sea avalada por el Ministerio de Sanidad. Sin embargo, cada una de las partes barre para su casa. Así, sobre la mesa hay dos propuestas: la de la ‘cascada de arriba abajo’, que defiende la distribución y la farmacia, y la de la ‘cascada de abajo arriba’, que es la que apoya la industria. ¿Cuál es la diferencia?
En el primer caso, se trataría de que la aplicación de deducciones se iniciase en origen por parte de la industria (aplicación del 7,5 por ciento sobre el PVL); siguiese por la distribución (aplicación de la deducción sobre el PVL tras incluir el 7,6 por ciento de margen); y finalizase en la farmacia (con la transformación del PVL en PVP, la aplicación de 27,9 por ciento de margen y la deducción del 7,5 por ciento correspondiente en la facturación a las comunidades autónomas). En este caso, las farmacias se beneficiarían de la deducción sobre las recetas privadas porque ahora mismo no existe un sistema de garantías para poder justificar éstas y hacerlo implicaría un coste económico muy importante.
La otra opción, la que más gusta a la industria, sería invertir la cascada y que ésta fuese desde las farmacias hasta la industria. Es decir, que una vez realizada la factura a las comunidades autónomas con la deducción, se documentase a la industria los medicamentos dispensados a cargo de al SNS y ésta pagase las cantidades correspondientes a las deducciones del 7,5 por ciento a los colegios para que éstos liquidasen a sus farmacias. Una propuesta que, respecto al abono de la parte de la distribución a las farmacias, se deja en mano de un acuerdo entre estos dos agentes del sector. ¿Problema? La farmacia no está dispuesta a asumir los descuentos hasta su materialización en la factura al SNS ni “el costoso” sistema de justificación de ventas.
¿Ante este panorama? La sombra del doble precio. O al menos, como apunta la industria si se apuesta por el primer sistema, el doble precio proporcional según el porcentaje de mercado público de cada producto. ¿Más problemas? Por ejemplo, la existencia de diferentes operadores de distribución, por no hablar de los costes que conllevaría. ¿La decisión? El Ministerio de Sanidad.
