“Hay que levantar el pedal”. Así se lo comunicó la ministra de Sanidad, Ana Mato, al director general de Cartera de Servicios y Farmacia, Agustín Rivero, tal y como reconoció este la semana pasada. La ministra se estaría refiriendo al impacto sobre el sector de las reformas emprendidas por el Real Decreto-ley 16/2012, que ha ocasionado un “gran esfuerzo” en toda la cadena del medicamento. Así lo aseguró Rivero durante la presentación del primer IE- Executive Education-Foro de Política Sanitaria y Relaciones Institucionales, que versó sobre el “Desarrollo del RDL16/2012 y sus implicaciones en las nuevas Relaciones en el Sector Sanitario”.
La posibilidad de que se alivie el frenazo sobre la factura farmacéutica tiene que esperar, como mínimo, a que se verifique que la corrección observada en el gasto en medicamentos es permanente, al menos en su gran parte, y que el efecto de las medidas no es pasajero. “No podemos revisar ahora algo que se ha puesto en marcha hace dos meses”, explicó, aunque avanzó que, según las primeras estimaciones, “se va a cubrir con facilidad” el ahorro de 2.000 millones de euros en farmacia.
No obstante, una vez que esto ocurriera tampoco está muy claro qué cuestiones de gran impacto se podrían cambiar o suavizar en su aplicación. Rivero se mostró receptivo a propuestas por parte del sector y entre ellas se encuentra la protección de patente en medicamentos que lleven más de diez años comercializados y que se integren en el Sistema de Precios de Referencia. No será lo único. Según él, la ministra le instó a “evaluar lo que hemos hecho” para determinar lo que está “mejor o peor” y actuar.
En cualquier caso, lo único que el director general expuso como seguras fueron diversas iniciativas y procedimientos que limitarán, aún más, las posibilidades de lanzamiento de nuevos medicamentos. En particular, se refirió a las restricciones al uso de medicamentos que, a través de informes de utilidad terapéutica, se establecerán en el momento de la aceptación de financiación pública. Unos criterios que, según dijo, “van a ser puestos por los clínicos”.
Central de compras
Otra de las medidas que verá la luz en breve será la central de compras. A estas alturas ya se han enviado a las comunidades autónomas los pliegos de condiciones y se espera que su convocatoria se efectúe en noviembre. Según explicó Rivero, todavía no está cerrado cómo se calculará el precio de oferta, aunque sí avanzó que en una primera fase afectará a eritropoyetinas (EPOs), anti-TNF y productos sanitarios entre otros. Unos productos que, en algunos casos, el ministerio “no era partidario” de meter en la central de compras, pero fueron las comunidades autónomas las que lo exigieron y que supondrán un mercado de más de 500 millones de euros.
En este sentido, uno de los riesgos que se observan y que avanzó el propio director general es que hay algunos de los concursos que se realizarán sobre productos que no tienen competencia y, en esa situación “no se sabe qué ocurrirá”. Eso sí, afirmó que no se presionaría con la existencia de otros expedientes de la misma compañía para conseguir descuentos en la central de compras. Lo que sí destacó el representante del ministerio es que el compromiso de pronto pago estará asegurado por el Gobierno central, algo que podría facilitar la existencia de descuentos incluso en los productos sin competencia.
Copago evitable
Por otro lado, el director general de Cartera de Servicios y Farmacia explicó el funcionamiento de la cartera de servicios accesorios. En ella se van a incluir “procedimientos obsoletos o incluso aquellas innovaciones que no se considere necesario financiar”. Los pacientes que lo consideren oportuno podrán acceder a los mismos si se hacen cargo del sobrecoste que suponen. En el caso de prótesis, por ejemplo, Rivero explicó que el SNS se haría cargo del coste de la intervención y la cuantía de la prótesis indicada para el paciente y éste debería asumir el coste incremental de la nueva prótesis.
Algo similar se podría ejecutar para medicamentos. Según dijo, podrían asumir que un usuario pueda acceder a un medicamento más caro haciéndose cargo del coste incremental que supone. Es decir, manteniendo una parte de financiación pública. Esto sería importante para establecer diferenciales de precios entre marca y genérico, dando libertad a la marca para posicionar su producto al mismo o diferente precio que su equivalente, o incluso para que un fármaco excluido de la cartera suplementaria tenga financiación, al menos en parte, desde la cartera de servicios accesorios.
Sobre las deducciones a las farmacias y los descuentos, Rivero explicó que se había reunido en dos ocasiones con la presidenta del Consejo General de Colegios oficiales de Farmacéuticos, Carmen Peña, para ver cómo evitar impactos “tan brutales como han podido ser”. Según explicó, pidió que se le llevaran “propuestas” de mejora de los sistemas actuales.
Foro IE de Política Sanitaria
La presentación del foro, dirigido por Abraham Herrera, socio director de FillingtheGap y gerente de la Organización Española de Hospitales y Servicios de Salud (Oehss), coincidió con la puesta en marcha de la cuarta edición del Programa Superior de Política Sanitaria y Relaciones Institucionales del IE, y contó con la participación de Diego Martínez, vocal asesor de la subsecretaría del Ministerio de Industria, que realizó una retrospectiva sobre la evolución del SNS.
