Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
Las cosas empiezan a ponérseles feas a Farmaindustria y a los laboratorios que operan en España. El emergente discurso de la bancarrota y de la ausencia agónica de fondos para pagar la sanidad está calando con fuerza en centros de poder y consejerías de Sanidad autonómicas de distinto signo político, y poco a poco empiezan a proliferar las legislaciones autonómicas tendentes a frenar la expansión hospitalaria de los medicamentos innovadores y a restringir el gasto. Los que pensaban que Madrid iba por libre en este tipo de iniciativas y que Juan José Güemes actuaba como una isla dentro del PP se equivocaban. Galicia se acaba de descolgar también con medidas semejantes a las que van a ser puestas en la capital, y pronto tendrá una suerte de Consejo Asesor de Farmacia, al que denominará Observatorio del Gasto Farmacéutico. Su misión será, según Pilar Farjas, establecer “directrices de empleo racional” de los medicamentos de acuerdo con criterios de coste, eficacia y seguridad. Dicho en plata, las administraciones autonómicas van a empezar a “bombardear” a los médicos con información oficial sobre los fármacos y el coste de lo que representan, como paso previo para posteriores acciones tendentes a ajustar de forma muy restrictiva la factura pública en este terreno. Todo un golpe en la línea de flotación de la industria, que ya ha visto también cómo dos feudos socialistas preparaban a golpe de legislación otra embestida de dimensiones colosales contra sus intereses. El primero, más débil, lo ha dado Andalucía. El segundo, mucho más fuerte, Aragón, con un posible ‘medicamentazo hospitalario’ en ciernes.
Y entre medias, ¿qué hace el Ministerio de Sanidad? De momento, ni está ni se le espera. En circunstancias normales, lo lógico sería reprender a los díscolos y exhortarles para que vuelvan al redil, ante la devastadora atomización farmacéutica que se está produciendo en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Sin embargo, el ministerio actual carece de legitimidad moral para hacerlo: si le rio las gracias a Andalucía y a su proyecto de financiación selectiva de fármacos, ¿de qué autoritas va a hacer gala ahora para reprender a Aragón, Galicia o Madrid? Por otra parte, la decisión de todos estos feudos de legislar por su cuenta y riesgo es consecuencia de la pasividad de Sanidad, un departamento que parece de otro planeta, al negar los efectos de la crisis en el sector y renegar de un plan de choque y de ahorro que nutra de nuevo de fondos las empequeñecidas arcas autonómicas. El pacto por la sostenibilidad que ha pergeñado el Paseo del Prado apenas va más allá de la recomendación de la puesta en marcha de centrales de compra (se entiende que de fármacos), por lo que ha sentado como un jarro de agua fría en las consejerías de Salud. Es previsible que ante ello, y ante la evolución que está experimentando el gasto, otras comunidades se animen a seguir los pasos de los cuatro feudos y se pongan también a legislar. La inhibición del Ministerio de Sanidad actuó hace meses en favor de Farmaindustria, pero ahora puede jugarle una mala pasada.
Preguntas sin respuesta
¿Cómo la OMC no pone el grito en el cielo ante la posibilidad de que los hospitales hagan listas negras de médicos objetores al aborto?
¿Qué laboratorio acaba de dar con la puerta en las narices a una sociedad científica deseosa de recabar fondos para sus objetivos?
¿Qué patronal envió un informe a los diputados de la Comisión de Sanidad en contra de la prescripción enfermera? ¿Por qué lo hizo?
¿En qué comida en la que participó un conocido senador médico se habló de la necesidad de tumbar como fuera la prescripción enfermera?
¿Qué líder sindical bramó contra la Consejería de Sanidad de Madrid tras conocer que tumbó la jubilación forzosa de los médicos que él firmó?
