Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
Como nos tiene acostumbrados, el Gobierno reacciona de nuevo tarde y mal ante el estado de práctica quiebra técnica en que ha sumido al país. Menos de un mes después de que aprobara a bombo y platillo el decreto con el que decía que iba a ahorrar 1.500 millones, Elena Salgado ha decidido entrar en escena y darle una estocada histórica al sector sanitario, al que siempre le tuvo ganas. Nunca antes se había producido una bajada de precios de los medicamentos de tal calibre en España, y nunca antes se trató al sector de la forma en que se ha hecho, sembrando la incertidumbre permanente en médicos y enfermeros, farmacéuticos y laboratorios. La deslocalización de recursos humanos y de compañías será un hecho en breve. Las conclusiones son claras. La norma de hace un mes era una filfa, un parche, un engañabobos o engañaconsejeros, como quiera llamársele. Algo de razón tendría Ana Pastor cuando pronosticaba desde su partido que apenas reportaría 220 millones este año a las arcas públicas. Salgado ha destapado de un plumazo el pastel y, de paso, ha desautorizado implícitamente a toda la plana mayor del Ministerio de Sanidad, Trinidad Jiménez, José Martínez Olmos y Alfonso Jiménez Palacios incluidos. Si tuvieran un poco de vergüenza torera deberían dimitir, porque han quedado desacreditados ante una parte muy representativa del núcleo sanitario al que representan.
Desde luego, no está mal que el Gobierno se avenga, al fin, a legislar de verdad contra el gasto sanitario. La situación de práctica bancarrota asfixia a los pagadores, engulle a los proveedores y obstaculiza incluso el pago de hasta los profesionales. Se sabe desde hace meses y nadie había movido un dedo. Pero las medidas cosméticas carecen desde este punto de vista de validez alguna. Lo que no puede hacer el Gobierno es acometer el control del gasto sólo por una pata, cebarse con la industria innovadora después de destrozar el mercado de genéricos, y esquilmar de paso a farmacéuticos y distribuidores, los otros paganos de la miopía gubernamental en el control del gasto. Una vez más, los de siempre pagarán por todos. Pan para hoy y hambre para mañana. Nueva estulticia administrativa. El Gobierno actúa por fin contra la bancarrota, pero lo hace a costa de sangrar a los profesionales, que están entre los peor pagados de Europa. Y también le da un zarpazo irreversible a la I+D: la posible alternativa al ladrillazo queda reducida a cenizas. Las palabras de José Luis Rodríguez Zapatero y de Cristina Garmendia se las lleva ahora el viento.
Con el nuevo tijeretazo, el Gobierno recortará el gasto a corto y medio plazo y arañará unos euros a las depauperadas arcas públicas. Pero nada más. La sanidad sigue siendo insostenible y aquí nadie pone medidas estructurales para mantenerla en pie como hasta ahora por tiempo indefinido. Una nueva desgracia para España y para los ciudadanos. El gigante tiene los pies de barro y empieza a desmoronarse como un castillo de naipes. La estocada a la industria le permitirá seguir en pie unos años más. Pero es un parche sin sentido e improvisado.
Preguntas sin respuesta
¿Qué miembro de una patronal ha recibido el apodo de ‘El inquisidor’ por varias de las empresas que forman parte de la misma?
¿Cuántas han recibido su visita en los últimos dos meses?
¿De qué alto cargo heredado de Juan José Güemes ha recibido el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, los peores informes por parte del sector?
¿Qué cirujano está en campaña contra Enrique Moreno y filtra todo tipo de informaciones contra él, aunque sean mentira?
¿Por qué son siempre tan tardías las respuestas de Aeseg a las acciones que adoptan las autoridades sanitarias?
