Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
Casi 8.000 millones de euros y subiendo. Ésta es la abultada cantidad que, de forma aproximada, adeudan las administraciones públicas que conforman el megalómano y disparatado panorama sanitario autonómico a los laboratorios agrupados en Farmaindustria y a los fabricantes de productos y tecnología sanitaria que se encuadran en Fenin. Se dice pronto. El débito con los primeros ronda los 4.000 millones, y el retraso en los pagos alcanzaba el pasado 31 de diciembre los 381 días. A los segundos, las consejerías de toda España les debían la friolera de 3.870 millones de euros, y el retardo en abonarles las facturas ascendía a 347 días en la misma fecha. ¿Es capaz el ministerio de calibrar las consecuencias que este dislate ocasiona a los afectados en la marcha de su actividad corriente y en el empleo que todavía mantienen? Difícil respuesta para quien apenas ha trabajado en el sector privado a lo largo de su vida, como les sucede a muchos de los altos cargos que pululan por el Paseo del Prado.
Echemos la vista atrás y analicemos. Mientras se formaba esta bola de nieve que dará al traste, ya seguro, con el modelo sanitario existente en España, el ministerio se dedicaba a fruslerías, menudencias y brindis al sol. Un desperdicio de tiempo y de recursos que tiene ahora funestas consecuencias. Estrategias sobre salud sexual y reproductiva cuya justificación era por sí sola inexistente, mamotretos infumables retocados una y mil veces como la estéril Ley de Salud Pública, unidosis inaplicables que no ahorrarán un euro al sistema, centrales de compra anunciadas hace más de un año que todavía duermen el sueño de los justos, y que no son más que el chocolate del loro... La lista de bagatelas es innumerable.
El Ministerio de Sanidad no ha hecho los deberes y el resultado está a la vista. Víctima de su pasividad y de la errática política económica del Gobierno, se encuentra ahora en medio de la guerra abierta por las autonomías con el sector del medicamento. Una guerra que, desgraciadamente, no ha hecho más que empezar. Y los propios datos de la deuda dan fe de esta negra predicción. El caso de Andalucía es muy relevante. Esta comunidad acumula facturas con los proveedores por un importe de 928 millones de euros, y su retraso en el pago es de 538 días. A los laboratorios tarda en pagarles 603 días. ¿Cree alguien en su sano juicio, a la vista de estos datos, que José Antonio Griñán y María Jesús Montero renunciarán a establecer subastas de fármacos y otras fórmulas de ahorro draconiano? ¿Piensa alguien que Alberto Núñez Feijóo, un valor en alza en el PP, dará marcha atrás en su cataloguiño, cuando su comunidad tarda 151 y 181 días en abonar la deuda con proveedores y laboratorios, respectivamente? La bancarrota absoluta de la sanidad dibuja sobre la mesa un escenario casi bélico en el que las autonomías empujarán al Gobierno a adoptar nuevas decisiones sangrantes para el sector. ¿A qué espera el ministerio para convocar un pleno monográfico del Consejo Interterritorial sobre la quiebra, con el fin de anticiparse y debatir posibles soluciones a este duro lance que sufre la sanidad?
Preguntas sin respuesta
¿Qué gerente de una sociedad científica consiguió sacar de las casillas al paciente José Ramón Yagüe, de Farmaindustria? ¿Por qué?
¿Por qué han dimitido cuatro coordinadores docentes de la Comunidad de Madrid?
¿Qué miembro de Facme recela de que José Manuel Bajo Arenas ofrezca gerentes a las sociedades científicas pequeñas? ¿Qué finalidad tiene esta oferta efectuada por el que pronto dejará de ser presidente de la SEGO?
¿Qué alto cargo del Ministerio de Sanidad ha pedido a los agentes del medicamento que procuren silenciar sus críticas hacia la subasta andaluza? ¿Por qué?
