No es de recibo que el periodo de autorización sufra retrasos arbitrarios carentes de fundamento
¿Qué ministerio ha presionado a Sanidad para que fije una escala “prudente” en la subida de precios de los medicamentos que han salido de la financiación?
¿Qué compañía podría aprobar el primer ERE de su historia?
¿Qué movimiento de ficha tratan de hacer Fedifar y una importante distribuidora farmacéutica?
¿Qué colectivo está presionando muy duramente a Sanidad en materia de revisión de precios?
¿Qué empresa pone micrófonos en los despachos y hace seguimientos?
Aunque se encuentran alejados del foco mediático en estos momentos, el Ministerio de Sanidad tiene que solucionar con urgencia algunos de los problemas que arrastra el sector farmacéutico desde tiempos pasados, aprovechando para ello la reforma legislativa que prepara en este campo. Uno de ellos afecta a la industria innovadora y a los productos que frisan los diez años de permanencia en el mercado. Por mucho que se empecine la secretaria general, Pilar Farjas, no parece razonable que la rebaja de precios afecte casi de forma automática a todos ellos, como ocurre hasta ahora, por mor de una reforma que introdujo el PSOE en la anterior legislatura, y conviene acotarla a la circunstancia de que surja un competidor en el mercado español. Es lo más justo. Otro frente abierto es el del retraso en la fijación del precio y la llegada al mercado español de las innovaciones terapéuticas. No es de recibo que el periodo de autorización sufra retrasos arbitrarios carentes de fundamento. Los datos en este sentido son demoledores. Desde enero de 2011 hasta hoy solo se han aprobado 15 de los 40 productos presentados por las compañías. En septiembre pasado se resolvieron cuatro expedientes, pero dos fueron rechazados por los propios fabricantes por discrepar con el precio irrisorio fijado por las autoridades. A esto hay que añadir que cinco medicamentos para enfermedades como el cáncer de mama, la esclerosis múltiple y el melanoma llevan más de 180 días esperando el resultado de la evaluación ministerial. Las demoras que se producen en Europa no son justificación suficiente para que la situación permanezca mucho tiempo igual en nuestro país, por mucho que dichos fármacos sean complejos, que lo son.
Vinculada a esto, va a cobrar también gran importancia la regulación que le dé el ministerio a la aprobación de precios. En principio, parece sensato que, además de los informes sobre utilidad terapéutica relativa, Sanidad imponga protocolos de uso para los productos más caros y complejos, y formule un estudio riguroso sobre el impacto presupuestario que tendrá el fármaco en cuestión, a la vista del enorme agujero que tienen las arcas públicas y la necesidad de cumplir el objetivo de déficit. Con todo, sería deseable que los nuevos trámites no ralentizarán más el proceso. ¿Creará el departamento de Ana Mato una agencia asesora para agilizar dichos trámites? Habrá que esperar.
Importante, también, es la regulación de la compra centralizada sorprendentemente encargada al Ingesa, una suerte de cementerio de elefantes en el que el Ministerio de Sanidad aparca a ex altos cargos. En principio, los productos que irán a la subasta son una EPO y seis anti-TNFs, y saldrán en lotes separados, por distintos productos, lo que alejaría el fantasma de los temidos jumbos del panorama farmacéutico nacional. También habrá, en principio, cuatro proveedores por lote, y se producirá pago directo a los ganadores de los concursos si fructifican las negociaciones con el Ministerio de Hacienda. La reforma podría estar incluso lista a finales de año.
