A pesar de las dudas legales que suscita la posibilidad de utilizar el silencio administrativo negativo para las solicitudes de precio y financiación de medicamentos, el Ministerio de Sanidad maneja un borrador de instrucción en el que se dejan las decisiones de precio y de financiación en forma de silencio administrativo negativo y no solo estas últimas como ya publicó EG (ver núm. 568). Así se observa en una instrucción que Sanidad podría estar ultimando por la que se regirán los procedimientos administrativos de financiación y precio de medicamentos según el Real Decreto-ley 16/2012.
Este sistema, que será de aplicación para los medicamentos de prescripción que hayan obtenido la autorización de comercialización a partir de la entrada en vigor del RDL 16/2012, es decir, el pasado 24 de abril, se inicia una vez otorgada la autorización de comercialización por parte de la Aemps. El director de la misma comunicará al titular de la autorización de comercialización que, a partir de ese momento puede iniciar la tramitación de la oferta. Una vez realizado este trámite, a través de la Dirección general de Cartera Básica de Servicios y Farmacia, esta tendrá diez días para verificar que la solicitud reúne la documentación necesaria y comunicará al titular su admisión a trámite o solicitará información adicional en el plazo de otros diez días. A partir de ese momento empezaría a contar el plazo de 90 días para la decisión de precio.
En ese momento habría tres posibilidades. Resolución afirmativa y propuesta de inclusión en la financiación, con lo que el expediente pasaría a la Comisión de Precios (CIPM); resolución negativa, con lo que se pasaría el medicamento a su venta con precio notificado, a no ser que Sanidad ponga objeciones por cuestiones de salud pública. Habría una tercera opción que sería el silencio administrativo, que permitiría solo el uso del precio notificado.
Tras este primer paso, la CIPM tiene otros 90 días para resolver. Lo haría por resolución de inclusión y fijación de precio de financiación o denegando mediante silencio administrativo. La instrucción, que entraría en vigor tras su publicación en el BOE, también incluye el sistema de control y precio notificado de productos no financiados.
