La pandemia de la COVID-19 puso a prueba al sistema sanitario global, obligando a responder con rapidez y eficacia ante emergencias sanitarias, como el reciente brote de hantavirus. En las primeras fases de la crisis, la escasez y el retraso en la disponibilidad de vacunas y tratamientos aprobados, junto con la dependencia de la producción fuera de Europa, dejaron en evidencia una necesidad urgente: contar con capacidades propias, flexibles y escalables para desarrollar y fabricar medicamentos esenciales en tiempo récord.
Tras esta experiencia, la percepción sobre el papel de la industria farmacéutica dentro de la salud pública ha cambiado de forma notable. La sociedad ha tomado mayor conciencia de su carácter estratégico, ya que la pandemia demostró que disponer de capacidad de investigación, desarrollo y producción de vacunas y otras soluciones biomédicas es clave para responder con eficacia ante futuras crisis sanitarias.
Además, la COVID-19 puso de relieve la importancia de reforzar la colaboración entre el sector público y el privado, y de consolidar en Europa capacidades científicas e industriales propias que permitan reaccionar con agilidad ante nuevas amenazas. En este contexto, resulta fundamental mantener una apuesta sostenida por la inversión en I+D, impulsar la cooperación entre instituciones, centros de investigación y compañías, y avanzar hacia marcos regulatorios que favorezcan la innovación y aceleren la llegada de los avances científicos a los pacientes.
La Estrategia de la Industria Farmacéutica, aprobada en el Consejo de Ministros en diciembre de 2024, recoge que el sector farmacéutico es una parte importante de las infraestructuras críticas del país, “contribuyendo como pocos a la autonomía estratégica”, tal y como se puso de manifiesto durante la pandemia de COVID-19. En este sentido, menciona que el sector tuvo un papel importante en el suministro de medicamentos críticos durante esta crisis, incorporando mayores capacidades de fabricación y poniendo de manifiesto las fortalezas de la industria farmacéutica en I+D y la fabricación nacional de medicamentos con el potencial de salvar vidas con el valor añadido que ello puede suponer para el país. “Está comprometido, en este sentido, con el aumento de reservas estratégicas basadas en capacidades industriales”, subraya.
Por todo ello, en octubre de 2020, el Consejo de Seguridad Nacional propuso la creación de una Reserva Estratégica basada en las Capacidades Nacionales de Producción Industrial (RECAPI), algo que se materializará en la nueva Ley de Industria y Autonomía Estratégica, que recibió también luz verde durante la reunión. Según el documento, la Reserva estará enfocada en la identificación de los recursos industriales esenciales, el establecimiento de una producción industrial que garantice el suministro en tiempos de crisis o pandemias, una rápida capacidad de movilización de la producción industrial y el abastecimiento eficiente de estos recursos en situaciones excepcionales de alta demanda social. “Para conseguir este objetivo, es necesario también impulsar, en línea con la Comisión Europea, la identificación de los recursos esenciales de los sectores productivos estratégicos, como el farmacéutico o el de principios activos”, añade.
El ministro de Industria, Jordi Hereu, expresó durante su intervención en un foro celebrado en la sede del Ministerio, que “no se trata de tener estos productos almacenados, sino de disponer de un listado de productos críticos y de las capacidades de producción nacional, susceptibles de movilizarse con rapidez ante una situación de crisis para atender una demanda alta e inesperada”. Por tanto, el objetivo de RECAPI será asegurar la capacidad autónoma de producción nacional de estos productos esenciales en una situación de crisis en la que no esté asegurado el suministro exterior o puedan interrumpirse las cadenas de flujo comercial internacional.
La idea del Gobierno con la creación de esta reserva estratégica es colaborar con las compañías para que puedan mantener, junto a sus habituales líneas de producción de carácter comercial, una capacidad latente de adaptación a la producción de bienes estratégicos capaz de ponerse en marcha y escalar la producción con gran rapidez en caso de emergencia, como el brote de hantavirus. En el plan se menciona también que la vulnerabilidad de las cadenas de suministro, puesta de manifiesto durante la pandemia, está relacionada con la concentración en unas pocas compañías, que generalmente no están instaladas en la UE, de la producción de algunas materias primas, principios activos y productos farmacéuticos como consecuencia de la globalización y la presión de los costes, especialmente en la industria de los genéricos. “Iniciativas nuevas como la autonomía estratégica adquieren protagonismo como instrumento para generar una estructura estable que sea capaz de garantizar la preparación y respuesta ante nuevas amenazas sanitarias”, precisa.
Por otro lado, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) potenciará la participación nacional en aquellas asociaciones y/o partenariados de investigación europea del programa marco de investigación en salud, que tengan actividad en la investigación clínica y preclínica, alineada con las líneas de actuación de la presente estrategia, como es el caso del futuro partenariado de investigación en pandemias. Además de todos los desafíos mencionados anteriormente, en el horizonte aparece la amenaza de nuevas pandemias. De hecho, el plan ha identificado como una de las áreas terapéuticas prioritarias las enfermedades infecciosas emergentes, advirtiendo que si no se desarrollan rápidamente tratamientos y vacunas efectivas para la COVID-19, el Ébola y el Zika, estas enfermedades pueden propagarse rápidamente y causar “pandemias devastadoras”.
Misión 100 días
Un documento de la IFPMA enfatiza en la necesidad de desarrollar vacunas, terapias y pruebas diagnósticas en 100 días tras identificar un nuevo patógeno, lo que constituye la llamada Misión 100 Días, fortaleciendo marcos regulatorios y compartiendo información genética de patógenos.
Además, argumenta que el uso indebido de los avances científicos —como la liberación deliberada o accidental de patógenos genéticamente modificados— se ha convertido en una preocupación creciente para los gobiernos y la comunidad científica internacional. La pandemia de COVID-19 por sí sola provocó un estimado de 15 millones de muertes en exceso en todo el mundo y pérdidas de al menos 13,8 billones de dólares en el PIB global, según la IFPMA, “cifras que subrayan que fortalecer la preparación y respuesta frente a amenazas sanitarias es una inversión esencial en estabilidad económica y seguridad global”.
El informe de la patronal mundial advierte que muchas enfermedades infecciosas representan un desafío constante para la salud pública. Por ejemplo, menciona que el brote global de viruela símica detectado en la República Democrática del Congo en 2024 continúa generando preocupación internacional, con casos reportados y contenidos en múltiples países. Por su parte, cita que los brotes de gripe aviar —incluyendo H5N1 y otras cepas altamente patógenas— se mantienen bajo estricta vigilancia debido a su impacto en la salud animal, el riesgo de transmisión animal a humana y la posibilidad de que surja un virus pandémico.
De acuerdo con el informe, las enfermedades prevenibles mediante vacunación, como el sarampión, han resurgido en decenas de países, mientras que virus respiratorios como la COVID-19 siguen siendo una amenaza global. “La resistencia antimicrobiana (AMR) se acelera, con aproximadamente una de cada seis infecciones bacterianas resistentes a antibióticos, y las tasas continúan aumentando. Los cambios ambientales y climáticos amplifican los riesgos: temperaturas más altas, inundaciones e inseguridad hídrica incrementan enfermedades transmitidas por el agua y amplían el alcance de patógenos transmitidos por vectores como dengue, virus del Nilo Occidental y chikungunya”, explica. Además, determina que la degradación ambiental intensifica la exposición a patógenos zoonóticos, responsables del 60% de las enfermedades infecciosas conocidas y del 75% de las emergentes, aumentando la probabilidad de eventos de transmisión viral y bacteriana.
