La Directiva de Aguas Residuales, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) el pasado 12 de diciembre, ha suscitado preocupación en el seno del sector de la industria farmacéutica y del autocuidado. Uno de los puntos más críticos es que establece que la contribución a la financiación de la responsabilidad ampliada del productor “debe ser proporcional a la cantidad de sustancias puestas en el mercado por los productores, así como por la peligrosidad de las mismas”. Las estimaciones realizadas por la Comisión Europea sobre el coste del tratamiento cuaternario de las aguas alcanzan los 238 millones de euros. Sin embargo, la Agencia de Medio Ambiente de Alemania estimó que dicho coste oscilaba entre 885 y 1.025 millones de euros anuales.
Ahora, la patronal de la industria farmacéutica europea, EFPIA, ha anunciado su intención de impugnar ante el Tribunal General de la Unión Europea (UE) esta directiva "con el fin de obtener una mayor claridad sobre cómo la decisión de incluir solo dos sectores como responsables del tratamiento cuaternario de las aguas residuales urbanas en Europa se ajusta al principio de la UE de que quien contamina paga". "Creemos que la Directiva va en contra de principios clave de los Tratados de la UE: quien contamina paga, proporcionalidad y no discriminación", expresan.
La EFPIA apoya el principio de "quien contamina paga", según el cual todos los productores responsables de la contaminación deben rendir cuentas y asumir los costes de la contaminación que han causado. Sin embargo, creen que la decisión arbitraria de responsabilizar solo a las industrias farmacéutica y cosmética de los costes de tratamiento de las aguas residuales urbanas "no solo es intrínsecamente injusta, sino que socava la ambición del Green Deal y no incentivará a otros sectores a reducir los microcontaminantes en el agua". Según la patronal, a pesar de las solicitudes, no han podido ver los datos y la metodología utilizados por la Comisión Europea para llegar a la decisión.
La industria farmacéutica basada en la investigación tiene un compromiso inquebrantable para minimizar el impacto de los productos farmacéuticos en el medio ambiente. Para ello, aseguran que la EFPIA y sus miembros se comprometen a pagar la parte que les corresponda de los costes del tratamiento de las aguas residuales urbanas en función del volumen de microcontaminantes encontrados en las aguas residuales y a implantar la Directiva de forma justa, previsible, proporcionada y no discriminatoria.
Nathalie Moll, directora general de la EFPIA, ha subrayado que "Europa necesita una legislación medioambiental que funcione, en la que se incentive a todos los sectores para que reduzcan de forma sostenible los microcontaminantes y en la que los costes de tratamiento para los productores estén en consonancia con el volumen de microcontaminantes presentes en nuestras aguas". "Los propios principios de la UE de no discriminación, proporcionalidad y que quien contamina paga no se reflejan en la Directiva y deben aplicarse rigurosamente para crear un sistema más justo", ha añadido. Del mismo modo, ha insistido en que "creemos que la decisión de emprender acciones legales está estrechamente alineada con estos principios y refleja el impulso de esta Comisión para garantizar que toda la legislación sea coherente y apoye la competitividad europea".
Tres patronales trabajando juntas
Las tres patronales más importantes del sector, Farmaindustria, Asociación para el Autocuidado de la Salud (anefp) y la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (Aeseg), están trabajando conjuntamente, y con los ministerios de Transición Ecológica e Industria, para presentar sus alegaciones a la directiva. Jaume Pey, director general de anefp, explicó a El GlobalFarma que la directiva “debe ser concreta, rigurosa y transparente” y que todos los sectores productores, cuyas actividades podrían repercutir de forma negativa en el estado de las aguas residuales, “deben estar comprometidos y participar en la minimización de los riesgos para el medioambiente”. Igualmente, mostró preocupación por los plazos de implementación que se fijan en ella, considerándolos “muy ajustados y poco realistas”.
Por su parte, en un primer momento la EFPIA y la Asociación de la Industria Europea del Autocuidado de la Salud (AESGP, por sus siglas en inglés), reconocieron, “con algunas reservas”, a través de un comunicado, la aprobación de la misma. Aunque las asociaciones apoyaron sus objetivos generales y se mostraron plenamente comprometidas a contribuir a su aplicación efectiva, eficiente y gestionable, admitieron estar “extremadamente preocupados por su impacto negativo en el acceso de los pacientes a los medicamentos y en la competitividad global de nuestros sectores”.
Ambas organizaciones advirtieron que estas preocupaciones tienen eco en toda la Unión Europea, con 16 Estados miembro que han publicado declaraciones políticas con la aprobación de la misma. “Algunas subrayan la necesidad de respetar plenamente el principio de ‘quien contamina paga’, mientras que otras muestran su preocupación por los costes de aplicación de RAP, por el hecho de que solo dos sectores sean designados para financiar estos costes, y por el impacto no deseado en la disponibilidad y asequibilidad de los medicamentos”, argumentaron. A continuación, confirmaron que “muchas declaraciones también piden a la Comisión Europea que lleve a cabo una evaluación de impacto urgente sobre la directiva que salió de las negociaciones a tres bandas, centrándose especialmente en el impacto sobre los medicamentos”.
