Cinco organizaciones que representan al ecosistema de innovación y de la nueva industria tecnológica española: Farmaindustria, la Asociación Española de Bioempresas (AseBio), COTEC, el Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) y la Asociación Española de la Industria de Semiconductores (AESEMI) han comparecido hoy conjuntamente ante los portavoces de las Comisiones de Ciencia e Innovación y de Industria del Congreso de los Diputados para reclamar una política de Estado en innovación disruptiva y que ésta se convierta en un elemento central de la estrategia económica e industrial de España.
En una sesión conjunta y abierta de carácter inusual que refleja la naturaleza transversal del desafío al que se enfrenta España en materia de innovación disruptiva, los máximos representantes de las cinco organizaciones han trasladado un diagnóstico compartido: España dispone de capacidades científicas, tecnológicas e industriales suficientes para aspirar a un papel mucho más relevante en la nueva ola tecnológica internacional, pero sigue teniendo dificultades para transformar ese conocimiento en empresas competitivas, propiedad intelectual, capacidad industrial y empleo cualificado.
Las cinco organizaciones han defendido que la innovación disruptiva —sustentada en tecnologías como la inteligencia artificial, la biotecnología, los semiconductores, la computación cuántica o los materiales avanzados— no puede seguir tratándose como una cuestión exclusivamente científica o sectorial.
Fina Lladós, presidenta de Farmaindustria, ha señalado que, desde el ámbito biomédico y farmacéutico, se conoce “bien los tiempos, las dificultades y la complejidad que implica transformar investigación científica en innovación capaz de llegar efectivamente a la sociedad”. En este sentido, ha recordado que desarrollar un nuevo medicamento “lleva centenares y a veces miles de millones de euros de inversión y unos diez años, con un elevado riesgo de fracaso”, y ha defendido que la industria farmacéutica es la que asume globalmente “la tarea de convertir los hallazgos científicos en terapias para los pacientes con los máximos estándares de eficacia, calidad y seguridad”.
La presidenta de Farmaindustria ha destacado también que España “ha realizado durante las últimas décadas un esfuerzo muy considerable para construir un sistema científico competitivo internacionalmente”, gracias a centros de investigación de excelencia, hospitales con elevada capacidad investigadora, infraestructuras científicas avanzadas y una comunidad científica integrada en los grandes circuitos internacionales de conocimiento. Asimismo, ha asegurado que España se ha convertido “en uno de los líderes globales en ensayos clínicos, y en el primer país de Europa en este ámbito”, y ha añadido que la industria farmacéutica invierte “1.000 millones anuales en investigación clínica en colaboración estrecha con el sistema sanitario”.
Lladós ha defendido que ese esfuerzo “debe consolidarse y reforzarse”, ya que “toda innovación disruptiva nace, necesariamente, de investigación de frontera”, de la que surgen los candidatos a fármacos que posteriormente pasan al desarrollo clínico y a la producción. Según ha explicado, las terapias avanzadas, la medicina personalizada, las nuevas plataformas biotecnológicas y parte de los avances recientes en inteligencia artificial aplicada a la salud “son el resultado de décadas de investigación básica sostenida”.
“Ninguna gran transformación tecnológica aparece de forma espontánea. Todas requieren una base científica sólida, estable y acumulativa”, ha afirmado, antes de insistir en que cualquier estrategia seria de innovación disruptiva debe comenzar por “preservar la excelencia científica y garantizar condiciones adecuadas para la investigación de frontera”. No obstante, también ha advertido de que “la existencia de buena ciencia no garantiza automáticamente la creación de nuevas industrias ni la generación de capacidades tecnológicas propias”. A su juicio, entre el descubrimiento científico y la consolidación de una tecnología industrial existe “un recorrido largo y extremadamente complejo”, marcado por elevados niveles de incertidumbre tecnológica, financiera, regulatoria y empresarial.
En este contexto, ha señalado que Europa y España presentan todavía “importantes debilidades” precisamente en ese espacio intermedio. Según ha explicado, tras las fases iniciales de investigación aparece una etapa “especialmente delicada”: la valorización de los resultados científicos, en la que es necesario proteger la propiedad intelectual, desarrollar pruebas de concepto, validar hipótesis científicas, explorar aplicaciones industriales y construir equipos capaces de acompañar el desarrollo posterior. En el ámbito biomédico, ha añadido, esta realidad es “especialmente evidente”, ya que el recorrido entre un descubrimiento científico prometedor y un tratamiento disponible para los pacientes “puede prolongarse durante más de una década y requiere sucesivas fases de validación, financiación y regulación”.
Por ello, ha defendido que la innovación disruptiva exige “mecanismos de acompañamiento muy distintos de los utilizados en sectores tecnológicos de maduración rápida” y ha lamentado que muchas iniciativas científicamente excelentes “no consiguen atravesar esa etapa intermedia”. Según ha indicado, con frecuencia los proyectos “se abandonan de forma prematura por falta de financiación especializada”, lo que impide que España tenga en la investigación preclínica el protagonismo que ya posee en la clínica a nivel global. “El resultado es que el talento y la propiedad intelectual terminan desplazándose hacia ecosistemas más favorables”, ha advertido. Lladós ha alertado además de las “profundas” consecuencias económicas y estratégicas de esta situación, ya que, cuando un país no logra transformar conocimiento científico en capacidades industriales propias, “acaba financiando innovación que posteriormente otros territorios convierten en empresas, producción avanzada y liderazgo tecnológico”.
Como ejemplo, ha recordado lo ocurrido en Europa durante la revolución digital de los años noventa, cuando no consiguió consolidar empresas con un liderazgo global comparable al alcanzado en Estados Unidos en ámbitos vinculados a internet, el software y las plataformas digitales. “Precisamente por ello creemos que no podemos permitirnos reproducir el mismo patrón en ámbitos como la biotecnología avanzada, la inteligencia artificial, la cuántica, los materiales avanzados, los semiconductores o las nuevas plataformas terapéuticas”, ha afirmado, al considerar que estas tecnologías disruptivas “configurarán la nueva industria y las capacidades estratégicas de las próximas décadas”.
Finalmente, ha defendido que el debate “ya no puede limitarse únicamente a cuánto invertimos en investigación”, sino que debe centrarse también en “cómo construimos mecanismos eficaces para acompañar el recorrido completo que va desde la ciencia excelente hasta la consolidación de nuevas capacidades industriales”. En su opinión, esto obliga a entender “la inversión en conocimiento como una auténtica inversión estratégica vinculada directamente al futuro productivo, sanitario y tecnológico del país”.
En palabras de Ion Arocena, director general de AseBio: “La innovación disruptiva debe asumirse como una política de Estado, sostenida y coherente. Debemos construir las condiciones necesarias para que el conocimiento generado en nuestro país pueda transformarse aquí en empresas competitivas, propiedad intelectual, capacidad industrial y empleo cualificado”. En este contexto, Arocena ha subrayado que España cuenta con activos estratégicos —talento científico, centros de excelencia, hospitales innovadores y capacidades industriales relevantes—, pero sigue enfrentándose al reto de convertir ese potencial en liderazgo tecnológico e industrial.
Los comparecientes han advertido además de la necesidad de no repetir los errores de la revolución digital de los años noventa, cuando Europa generó conocimiento e investigación de enorme calidad, pero no logró consolidar las plataformas tecnológicas e industriales derivadas de esa transformación. “Hoy nos enfrentamos a una nueva oportunidad histórica y también a un riesgo evidente”, ha señalado Arocena. “La pregunta ya no es únicamente dónde se produce la investigación científica; la pregunta es dónde se crearán las industrias del futuro”. En este sentido, ha defendido que tecnologías como la biotecnología deben situarse en el centro de una nueva política industrial orientada a reforzar la competitividad, la autonomía estratégica y la soberanía tecnológica de España y Europa.
