La Directiva de Aguas Residuales Urbanas vuelve a estar en el foco del debate. Apenas unos días después de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico cerrara la consulta pública previa del Anteproyecto de Ley que adaptará la normativa europea al ordenamiento jurídico español, siete de las principales asociaciones de ambos sectores han hecho público un extenso posicionamiento en el que muestran su respaldo al objetivo ambiental de la norma, aunque advierten de que el modelo elegido para financiarla genera importantes dudas jurídicas, técnicas y económicas.
En un comunicado conjunto firmado por AELMHU (Asociación Española de Laboratorios de Medicamentos Huérfanos y Ultrahuérfanos), AESEG (Asociación Española de Medicamentos Genéricos), anefp (Asociación para el Autocuidado de la Salud), AseBio (Asociación Española de Bioempresas), BioSim (Asociación Española de Medicamentos Biosimilares), Farmaindustria y Stanpa (Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética), las organizaciones aseguran compartir plenamente el objetivo de mejorar la calidad de las aguas residuales urbanas y combatir la microcontaminación, pero consideran que el diseño de la responsabilidad ampliada del productor (RAP) requiere una revisión antes de incorporarse a la legislación española.
Las asociaciones recuerdan que la mejora de la calidad de las aguas residuales forma parte de su compromiso con la sostenibilidad, la protección del medio ambiente y la salud pública, tres ámbitos que consideran "pilares esenciales" de su actividad. Por ello, insisten en que respaldan la finalidad ambiental de una directiva que entró en vigor en enero de 2025 con el objetivo de modernizar las plantas urbanas de tratamiento de aguas residuales y reforzar la eliminación de microcontaminantes.
Sin embargo, advierten de que ese respaldo al objetivo de la norma no implica compartir el mecanismo previsto para sufragar los costes del tratamiento cuaternario de las aguas, ya que consideran que el actual sistema introduce un elevado grado de incertidumbre que dificulta conocer cuál será el impacto real sobre las compañías. "Tal como está planteado, este sistema introduce un nivel elevado de incertidumbre regulatoria, técnica y económica, que hace difícil anticipar el impacto real sobre las compañías", señalan.
Un debate que continúa abierto en Europa
Las asociaciones enmarcan además este debate en un contexto europeo que, a su juicio, todavía está lejos de cerrarse. Recuerdan que Polonia ha presentado recientemente un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra la Directiva y que el Tribunal Superior de Irlanda planteó en mayo de 2026 una cuestión prejudicial sobre la validez del régimen de RAP.
Precisamente por esa situación de incertidumbre, las siete organizaciones encargaron a PwC la elaboración de un informe técnico y jurídico sobre el alcance regulatorio de la Directiva y los costes asociados a su aplicación. A partir de ese análisis han elaborado un documento con cinco grandes consideraciones.
'Quien contamina paga'
El primero de los aspectos sobre los que ponen el foco es el propio diseño de la RAP. Según sostienen, el sistema vulnera el principio de "quien contamina paga" y resulta contrario a los principios de proporcionalidad y no discriminación.
Las organizaciones consideran que el esquema parte de una premisa equivocada al atribuir principalmente a los medicamentos de uso humano y a los productos cosméticos la carga tóxica presente en las aguas residuales urbanas. A su juicio, la Directiva presenta limitaciones metodológicas relevantes, ausencia de evidencia empírica suficiente, utilización de modelos sesgados y falta de datos completos que permitan conocer cuál es la contribución real de los distintos sectores a la presencia de microcontaminantes.
Según explican, estas limitaciones habrían provocado que determinadas sustancias no hayan sido tenidas en cuenta y que otros sectores potencialmente contaminantes hayan quedado fuera del sistema de responsabilidad ampliada.
Como ejemplo de que el debate sigue abierto, recuerdan que el Parlamento Europeo aprobó el pasado 18 de junio una moción en la que solicita a la Comisión Europea que antes de finales de 2026 elabore un nuevo estudio independiente para identificar las sustancias microcontaminantes presentes en las aguas residuales urbanas, verificar los costes reales asociados al tratamiento cuaternario y revisar la atribución de responsabilidades conforme al principio de "quien contamina paga".
En este contexto, las asociaciones consideran que la transposición española debería aprovechar el margen que permite el artículo 193 del Tratado de Funcionamiento de la UE para extender la RAP a otros sectores y evitar que la carga recaiga de forma desproporcionada únicamente sobre la industria farmacéutica y cosmética.
Incertidumbre sobre los costes
Otro de los argumentos que esgrime el sector farmacéutico y cosmético tiene que ver con el impacto económico que podría tener la aplicación de la Directiva. Las organizaciones sostienen que actualmente resulta imposible determinar con precisión tanto el alcance de las obligaciones como los criterios de exención previstos para determinadas sustancias, ya que buena parte de esos aspectos todavía están pendientes de desarrollo.
Además, la falta de definición de las zonas de riesgo y las diferencias metodológicas existentes entre los distintos estudios de impacto provocan que las estimaciones económicas varíen considerablemente. Según los datos aportados por las asociaciones, los costes podrían situarse entre 134 y 346 millones de euros al año durante un periodo de veinte años, lo que supondría un desembolso acumulado de entre 2.680 y 6.920 millones de euros.
A ello se añade que todavía no se han desarrollado los criterios de exención que determinarán qué sustancias quedarán finalmente incluidas dentro de la RAP, un aspecto que consideran especialmente relevante para la futura constitución del Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP).
Por todo ello, las organizaciones consideran que la entrada en vigor de este sistema debería aplazarse hasta que todas estas incertidumbres hayan sido resueltas.
España, con una implantación todavía limitada
El comunicado también dedica un apartado específico a la situación de España en materia de tratamiento de aguas residuales. Las asociaciones recuerdan que el país acumula incumplimientos relevantes en esta materia y que incluso ha recibido diversas condenas, algunas recientes, por parte del Tribunal de Justicia de la UE.
Aunque reconocen que los tratamientos primario y secundario están ampliamente implantados, subrayan que el tratamiento terciario sigue siendo limitado y que el tratamiento cuaternario apenas existe fuera de experiencias piloto y de un número reducido de plantas. Por ese motivo consideran que no deberían exigirse contribuciones económicas a los productores hasta que las instalaciones de tratamiento cuaternario estén realmente operativas, se haya certificado su funcionamiento y puedan verificarse tanto su rendimiento como sus costes efectivos.
Asimismo, defienden que cualquier aportación económica destinada a financiar inversiones debería estar vinculada a planes previamente aprobados, auditorías independientes, hitos verificables, mecanismos de trazabilidad y procedimientos que permitan regularizar, compensar o devolver las cantidades aportadas si las infraestructuras finalmente no entran en funcionamiento, no alcanzan los rendimientos previstos o los costes reales terminan siendo inferiores a los inicialmente calculados. En la misma línea, rechazan que se repercutan sobre los productores costes correspondientes a actuaciones ajenas al tratamiento cuaternario, como podrían ser las destinadas a la reutilización del agua.
Reclaman una transposición "equilibrada"
El cuarto de los planteamientos formulados por las asociaciones hace referencia al reparto de la financiación. A su juicio, la transposición española debería limitar la contribución económica de los productores al mínimo obligatorio establecido por la Directiva, es decir, el 80% de los costes elegibles, evitando cualquier sobrerregulación que incremente ese porcentaje.
Las organizaciones consideran que el 20% restante debería financiarse mediante recursos públicos, argumentando que el saneamiento constituye un servicio de naturaleza pública, que los microcontaminantes tienen un origen multifuente y que la protección de las aguas y de la salud pública responde a un interés general.
Piden un sistema flexible
Por último, las siete asociaciones consideran que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico debería tener en cuenta que el debate jurídico y técnico sobre la RAP continúa abierto en las instituciones europeas. Por ello, defienden que España diseñe un sistema "flexible, revisable y jurídicamente sólido", capaz de adaptarse a futuras resoluciones judiciales, cambios metodológicos, nueva evidencia científica o modificaciones del propio marco regulatorio europeo.
A su juicio, la transposición debería evitar planteamientos "rígidos o maximalistas" e incorporar mecanismos automáticos de revisión que permitan adaptar el sistema si se producen cambios relevantes en la normativa europea, en la metodología utilizada para calcular los costes o en los resultados obtenidos durante la implantación práctica del nuevo modelo.
