El sector europeo en su conjunto se vuelve a unir contra la Directiva de Aguas Residuales. A través de un comunicado conjunto firmado por la EFPIA, AESGP, Cosmetics Europe y Medicines for Europe, patronales que representan al sector farmacéutico y cosmético del viejo continente, advierte que el coste de limpiar las aguas urbanas podría ser entre tres y cinco veces mayor a las estimaciones de la Comisión Europea, y denuncia errores significativos en la asignación de la carga tóxica entre sectores. Por ello, instan a los ministros de Economía de la UE a solicitar a la Comisión Europea la suspensión temporal del esquema de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) previsto en la Directiva y su revisión sobre una base científica sólida.
Según el comunicado, la normativa actual impone a las compañías costes desproporcionados, impredecibles y potencialmente excesivos, que no reflejan su contribución real a la contaminación del agua. "Esto afectaría especialmente a miles de pymes del sector cosmético y a compañías farmacéuticas, que deben absorber todos los costos debido a los precios fijados de los medicamentos, lo que podría comprometer la disponibilidad de tratamientos para millones de pacientes y generar interrupciones en la cadena de suministro", señalan.
La evidencia presentada por las patronales destaca una serie de errores concretos en la metodología utilizada por la Comisión Europea:
- En el sector farmacéutico, los cuatro medicamentos más relevantes en la evaluación de la Comisión fueron calculados como responsables del 58% de la carga tóxica total en todos los sectores industriales. Sin embargo, según los datos de laboratorio requeridos por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) para evaluaciones de riesgo ambiental, su contribución real sería menos del 1%.
- En cosméticos, la Comisión asignó al sector sustancias prohibidas en cosméticos (como el dietoxilato de nonilfenol), sustancias no utilizadas en cosméticos (como la permetrina) y sustancias ubicuas atribuidas exclusivamente a cosméticos (como el ácido palmítico), lo que condujo a una sobreestimación de al menos 15 veces.
- Un análisis independiente de RSA identificó varios problemas metodológicos, incluyendo sobreestimación de concentraciones en aguas residuales, extrapolaciones que no reflejan valores medidos y una asignación excesivamente simplificada de sustancias a un único sector.
En términos económicos, la Comisión estimó que actualizar el tratamiento cuaternario de aguas residuales en toda la UE podría costar hasta 1.400 millones de euros anuales hasta 2045. No obstante, otras evaluaciones nacionales sugieren que en algunos Estados miembro los costes podrían ser tres a cinco veces superiores, situando el impacto económico del esquema RAP entre 1.180 millones y más de 7.000 millones de euros por año.
El comunicado conjunto también critica que la normativa identifica a los sectores cosmético y farmacéutico sin una justificación científica sólida, contraviniendo el principio de “quien contamina paga”. Señalan que, aunque la Comisión había identificado originalmente varios sectores como contaminadores, finalmente solo consideró responsables a estos dos, comprometiendo el objetivo final de limpiar los recursos hídricos europeos.
Aunque las patronales reiteran su compromiso con los objetivos ambientales de la UE y la protección de los recursos hídricos, subrayan que "cualquier requisito financiero impuesto a la industria debe ser proporcional, basado en evidencia y científicamente justificado, especialmente en un momento en que la UE busca fortalecer su base industrial y reducir la carga regulatoria".
Por ello, solicitan formalmente la introducción de una cláusula de “Detener el Reloj” sobre las disposiciones del RAP de la Directiva, para pausar su implementación hasta que se realicen estudios científicos robustos y se evalúe el impacto real sobre los sectores afectados y otros sectores vinculados. "Esta medida se plantea como un salvaguarda necesaria para proteger la competitividad de las empresas europeas y garantizar la efectividad de las políticas ambientales", concluyen.
Decisión del Tribunal General de la UE
Todo esto se produce días después de que el Tribunal General de la UE desestimara el recurso presentado por la EFPIA en marzo para impugnar las obligaciones de RAP por falta de legitimación activa. Ante este escenario, la patronal defendió que esta decisión no abordaba el fondo del asunto y que deja sin resolver importantes cuestiones jurídicas relativas a su validez y que seguiría impugnando la Directiva al considerar que “su diseño actual es contrario a estos principios fundamentales de la UE”.
Poco después se pronunció la AESGP para admitir que la sentencia se limita a analizar la admisibilidad del recurso y no entra a valorar los argumentos de fondo, entre ellos la posible vulneración de principios generales del Derecho de la UE como la proporcionalidad, la seguridad jurídica o el principio de “quien contamina paga”. Como consecuencia de esta decisión procesal, subrayó que su solicitud para intervenir en el procedimiento tampoco sería examinada.
