El año 1975 es un punto de inflexión en la historia de España. Tras el fallecimiento del dictador Francisco Franco, el país iniciaba un periodo de transición hasta que, en 1977, se celebraban las primeras elecciones democráticas. Pero para la profesión farmacéutica, 1975 tiene ‘doble recordatorio’.
Son muchos los acontecimientos que pueden señalarse en una profesión con varios siglos de historia. Pero, en la más reciente, 1975 es el año en el que los farmacéuticos tuvieron que adaptar una acción que, casi 50 años después, repiten de forma cíclica en cada una de sus dispensaciones de recetas públicas: recortar —generalmente con un cúter— el código de barras del envase para, después, pegarlo con celo a la conocida como “hoja de dispensaciones”. Es el proceso obligatorio para asegurarse el posterior abono por parte de la Administración de la receta dispensada.
En época de e-health, uso de NN.TT y sistemas tecnológicos para verificar fármacos, es difícil de comprender que el profesional deba recortar parte de cartonaje del envase como comprobante
En pleno 2022, esta actuación (que se mantenga vigente) es, cuando menos, sorprendente desde un lado del mostrador: el del paciente. Desde el otro, el del profesional, el calificativo se puede elevar a tediosa. Más aún cuando, desde 2019, todas las farmacias, sin excepción, están obligadas a identificar la autenticidad, mediante un lector de los códigos de barras, de los medicamentos que dispensan.
Son muchas las voces, entidades y profesionales a título particular, que vienen reclamando desde hace años poner fin a esta situación arcaica en una época en la que se apuesta por la introducción de las nuevas tecnologías en la prestación farmacéutica. Hasta ahora, sin éxito en sus reivindicaciones. La sugerencia es que la identificación del medicamento, y desactivación del código, ya sea garantía para la confirmación de la dispensación y el abono.
De momento, Sanidad viene anunciando sus intenciones de eliminar este cupón precinto, pero sin poner en marcha iniciativa alguna. Las previsiones apuntan a 2024. Pero Comunidad de Madrid acaba de mover ficha, al poner en marcha un proyecto para probar la facturación automática electrónica mediante el identificador único y ha anunciado que, de ser fructífera la probatura, pedirá al Ministerio que le autorice su implantación generalizada.
En 2025, este ‘matrimonio’ obligado que forman un farmacéutico comunitario y su cúter cumplirían sus “bodas de oro”. Esperemos que puedan ‘romper’ antes.
