Un reciente estudio ha puesto de manifiesto que contar con un sistema de copago farmacéutico más progresivo y equitativo en España sería posible y, además, podría proteger mejor a las personas con menores ingresos sin un impacto presupuestario desproporcionado.
En este sentido, la eliminación de la distinción entre activos y pensionistas, y la exención de copago para rentas inferiores a 6.000 euros, pueden aumentar significativamente la equidad del sistema, indica el estudio publicado en Gaceta Sanitaria, la revista científica de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria.
Los autores del estudio –Félix Lobo, Jaime Pinilla Domínguez, Christian González Marte, Beatriz González López-Valcárcel y Jaume Puig-Junoy– han debatido acerca de las conclusiones extraídas, en una jornada online organizada por Funcas y la Universidad Carlos III de Madrid: ‘Economía y políticas de salud: ¿Se puede mejorar la equidad de la aportación de los usuarios al pago de medicamentos en España sin comprometer la sostenibilidad presupuestaria?’.
Félix Lobo, profesor emérito de la Universidad Carlos III de Madrid, ha destacado la importancia que tiene el gasto farmacéutico público. El gasto por receta ascendió a 13.587 millones de euros en el año 2023 y el gasto hospitalario, 9.588 millones, según los últimos datos anuales del Ministerio de Hacienda.
Evolución del copago
Lobo ha recordado que la aportación del usuario solo afecta a los medicamentos por receta, no a los medicamentos hospitalarios. Algo que "se remonta a la Ley General de Seguridad Social de 1963, que no entró en vigor hasta 1967, y que estableció un cambio en la prestación farmacéutica en una dirección, a mi juicio, totalmente equivocada", ha expuesto el experto, quien ha realizado un repaso histórico de los hitos producidos en este ámbito.
Así, ha explicado que en 1973 se eximió totalmente a los pensionistas (hasta 2012). "En 1978 se produjo otro hito con los Pactos de la Moncloa y se tomó la decisión de subir el copago a los activos a un porcentaje muy elevado (40%), con exenciones a ciertos colectivos vulnerables y crónicos (10%)", ha relatado.
Y, finalmente, con el Real Decreto Ley (RDL) 16/2012 "se establece un sistema que introduce la renta personal como criterio modulador del copago". "La gran innovación fue que se consiguió tener en cuenta el nivel de pago de los usuarios; creo que es la única virtud de este RDL", ha opinado Lobo.
Por su parte, Jaume Puig-Junoy, profesor distinguido de la Universitat Pompeu Fabra, ha explicado los tres efectos del copago farmacéutico después de 2012. En primer lugar, se produce un cambio en el sistema de copago estatal: "Se acaba la gratuidad para los pensionistas, que pasan a pagar un 10%, más un límite mensual", ha expuesto. Asimismo, se establecen tasas autonómicas "de duración muy breve" y, finalmente, se introduce una desfinanciación. "Cuando un fármaco se retira de la financiación pública, equivale a una tasa de copago del 100%", ha apuntado.
Diseño del estudio
El estudio surgió a raíz de la participación de tres de los autores en una consulta pública del Proyecto de Ley de Universalidad en 2020. "Nuestra contestación le llamó la atención a la directora de Farmacia de entonces, Patricia Lacruz, y nos pidió escenarios o alternativas a la fórmula que había del copago", ha apuntado Lobo.
De este modo, se pusieron como objetivo "evaluar la equidad y sostenibilidad del sistema de copago farmacéutico en España, analizando posibles reformas basadas en criterios de renta, definir la renta personal como parámetro de ajuste a la capacidad de pago y definir más tramos de renta e introducir más límites protectores al gasto personal", ha explicado Christian González Marte, profesor titular de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria. Así, diseñaron una base de datos que combinara consumo farmacéutico y las rentas.
Cinco escenarios para mejorar la equidad
Respecto a los escenarios propuestos, solo se modifican los porcentajes de aportación en activos y pensionistas, ha señalado Jaime Pinilla Domínguez, profesor titular de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria. "También proponemos cambios en los límites mensuales de aportación total y siete intervalos de base liquidable de acuerdo con los tramos de IRPF de 2021. A esos tramos incorporamos dos cortes en los 6.000 y 18.000 euros de base liquidable para facilitar la comparación con el escenario actual", ha añadido.
Pinilla ha indicado que las exenciones del copago "no deben basarse únicamente en la situación laboral, sino en la renta". Por tanto, en todos los escenarios se iguala a activos y pensionistas, tanto en el porcentaje de aportación como en los límites máximos.
"El primer escenario toma como referencia el punto de partida de los pensionistas en la situación de 2019 y simulan enfrentarse a las mismas circunstancias a la población activa. A partir de ahí, el escenario dos exime del copago a las personas con base liquidables inferior a los 6.000 euros. Y de manera progresiva, los escenarios 3, 4 y 5 aumentan en cada uno de los intervalos de renta la aportación en términos porcentuales y el límite máximo mensual", ha resumido.
En definitiva, Beatriz González López-Valcárcel, catedrática de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, ha asegurado que lo que han aprendido con este estudio es que "se puede mejorar la equidad vertical sin que el sector público asuma una gran carga presupuestaria". En los cinco escenarios, la aportación incremental del sector público iba desde 48 millones de euros, que "es muy poco", según González, hasta los 710 millones, "que representa solo un aumento de 6% del gasto público en prescripción".
En este contexto, la catedrática ha señalado que "todos los escenarios consiguen una mejora muy sustancial de la equidad". ¿De qué manera? Mediante "una protección a las rentas inferiores y con límites máximos mensuales en función de la renta", ha concluido.
