La transposición de la nueva Directiva europea sobre el Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas (UE) 2024/3019 entra en una fase decisiva en España. Mientras el Gobierno ha iniciado los primeros trámites legislativos para adaptar el ordenamiento jurídico nacional, el Parlamento Europeo ha pedido revisar uno de los elementos más controvertidos de la norma: la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), que obliga a la industria farmacéutica y cosmética a financiar la mayor parte del tratamiento destinado a eliminar microcontaminantes de las aguas residuales.
La situación dibuja un escenario en el que convergen tres grandes objetivos sanitarios: mejorar la vigilancia epidemiológica, reducir la contaminación ambiental y garantizar el acceso a los medicamentos sin comprometer la competitividad del sector farmacéutico.
España inicia la transposición
El pasado 5 de junio, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) abrió la consulta pública previa del anteproyecto de ley que adaptará la legislación española a la nueva directiva, cuyo plazo de participación concluyó el 26 de junio. La futura norma sustituirá el marco regulatorio vigente desde 1995 y permitirá incorporar las nuevas obligaciones europeas antes del plazo máximo de transposición fijado para el 31 de julio de 2027.
La directiva amplía notablemente el alcance de la regulación sobre depuración de aguas residuales. Entre sus principales novedades figuran el refuerzo del tratamiento de nutrientes como nitrógeno y fósforo, la implantación progresiva del denominado tratamiento cuaternario para eliminar microcontaminantes, la reducción del impacto climático del sector mediante el objetivo de neutralidad energética en 2045 y una apuesta por la economía circular mediante la reutilización de aguas regeneradas y la recuperación de recursos presentes en los lodos de depuración.
Desde la perspectiva sanitaria, uno de los avances más relevantes es la incorporación de la vigilancia epidemiológica de las aguas residuales como herramienta permanente de salud pública.
Las aguas residuales, una nueva herramienta de vigilancia sanitaria
En esa línea, el Ministerio de Sanidad dio un nuevo paso el pasado 1 de julio al abrir la consulta pública del futuro real decreto que regulará el sistema nacional de vigilancia sanitaria de las aguas residuales urbanas.
La iniciativa desarrolla el artículo 17 de la directiva europea y pretende consolidar una capacidad que adquirió especial protagonismo durante la pandemia de la COVID-19: utilizar las aguas residuales como sistema de alerta temprana frente a amenazas sanitarias.
El futuro sistema permitirá monitorizar de forma continuada la circulación de virus como SARS-CoV-2, poliovirus o gripe, detectar patógenos emergentes y realizar seguimiento de la resistencia a los antimicrobianos, una de las principales amenazas para la salud global identificadas por la Organización Mundial de la Salud.
Como eje operativo se creará la plataforma HEBAR (Herramienta Epidemiológica Ambiental Basada en el Control de las Aguas Residuales), que centralizará la información procedente de las redes de saneamiento y facilitará su integración con los sistemas de vigilancia epidemiológica.
La RAP centra el debate europeo
Sin embargo, el aspecto que más controversia ha generado es la implantación de la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP). La directiva establece que los fabricantes de medicamentos, cosméticos y productos de higiene personal deberán asumir al menos el 80% del coste del tratamiento cuaternario necesario para eliminar microcontaminantes presentes en las aguas residuales, aplicando el principio comunitario de 'quien contamina paga'.
El modelo ha sido ampliamente cuestionado por la industria farmacéutica y cosmética, que considera que la responsabilidad económica no refleja adecuadamente el origen real de los contaminantes y que únicamente dos sectores soportan una carga financiera que podría corresponder también a otras actividades.
Estas preocupaciones llevaron a la patronal farmacéutica europea EFPIA a recurrir la directiva ante el Tribunal General de la Unión Europea. Aunque el recurso fue inadmitido por falta de legitimación activa, la organización mantiene que continuará defendiendo una aplicación del principio de 'quien contamina paga' basada en criterios científicos, proporcionales y no discriminatorios.
El Parlamento Europeo pide "parar el reloj"
El debate dio un giro el pasado 18 de junio cuando el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que solicita suspender temporalmente las obligaciones derivadas de la RAP hasta disponer de una nueva evaluación de impacto.
La resolución, aprobada por 294 votos a favor, 245 en contra y 28 abstenciones, no cuestiona los objetivos ambientales de la directiva ni la necesidad de implantar el tratamiento cuaternario para eliminar microcontaminantes. No obstante, advierte de que la protección medioambiental debe compatibilizarse con un suministro seguro y asequible de medicamentos.
Por ello, la Eurocámara reclama a la Comisión Europea una nueva evaluación antes de finales de 2026 que permita identificar con mayor precisión las sustancias presentes en las aguas residuales, calcular el coste real de las nuevas tecnologías de depuración, determinar qué sectores deberían asumir la financiación conforme al principio de 'quien contamina paga' y analizar el posible impacto sobre la disponibilidad y el precio de los medicamentos.
Hasta entonces, solicita suspender temporalmente tanto las obligaciones regulatorias como los compromisos financieros asociados a la RAP.
Salud pública, sostenibilidad y acceso a los medicamentos
El debate refleja el difícil equilibrio entre dos prioridades estratégicas para la Unión Europea. Por un lado, reducir la presencia de microcontaminantes en el medio acuático constituye una medida con importantes implicaciones para la salud pública, especialmente por su potencial contribución al desarrollo de resistencias a los antimicrobianos y por la necesidad de proteger los ecosistemas acuáticos.
Por otro, distintos representantes políticos y el propio sector farmacéutico alertan de que trasladar una parte significativa del coste de la depuración exclusivamente a la industria podría repercutir en la producción europea de medicamentos, favorecer problemas de abastecimiento y aumentar la presión sobre los sistemas sanitarios.
Mientras Bruselas decide si revisa el modelo de financiación, España avanza en la transposición de una directiva que, además de transformar el tratamiento de las aguas residuales, incorpora definitivamente estas infraestructuras al arsenal de herramientas de vigilancia y prevención en salud pública.
