Tras la reunión de ayer martes, 8 de julio, en la Conselleria de Hacienda de la Generalitat, el MICOF indica en un comunicado que "valora positivamente las dos medidas que se va a tomar desde la Administración para paliar las consecuencias del impago farmacéutico", ante la inactivación del FLA. Por un lado, explican que se informó a los tres Colegios Oficiales de Farmacéuticos de la Comunitat Valenciana que la Generalitat recurrirá a los bancos para pedir préstamos por un total de 1.816 millones de euros ante la falta de fondos del FLA con el fin de liquidar lo impagos producidos tan pronto obtengan la liquidez que precisa. Por otro, añaden que quedó patente el compromiso firme por parte de la Conselleria de Hacienda de asumir el pago del interés oficial de toda la factura mensual colegial, desde el primer día de impago hasta la liquidación de la factura mensual, mediante presentación de factura por parte del Colegio sobre dichos intereses.
Ante esta situación, la Junta de Gobierno del MICOF, reunida ayer mismo por la tarde, decidió mantener las acciones en curso, que fueron aprobadas en la pasada Asamblea Extraordinaria del 1 de julio, en espera de que se concrete documentalmente dicho compromiso. Una vez se disponga de dicha confirmación, se valorará el futuro de dichas acciones reivindicativas. Para ello, se convocará próximamente una nueva Asamblea en la que se adoptarán las decisiones oportunas en función de la evolución de los acontecimientos.
No obstante, el MICOF mantendrá su exigencia de trato prioritario en el pago de la prestación farmacéutica, solicitando que las farmacias no sean consideradas meros proveedores, sino pilares esenciales del sistema público de salud. También se continuará con la agenda de reuniones establecidas para reivindicar el reconocimiento legal de la prestación farmacéutica como un servicio público esencial, con las garantías jurídicas que ello implica. "El MICOF continuará trabajando con firmeza, serenidad y responsabilidad para garantizar la sostenibilidad de las oficinas de farmacia, proteger a sus colegiados y asegurar que ningún paciente vea comprometido su derecho a la medicación", aseveran.